*Comunicado 617 / 2025*
• Busca establecer un marco obligatorio para todos los entes públicos en materia de imagen institucional
*Morelia, Michoacán a 18 de junio de 2025*.- A fin de aminorar el impacto económico que representa el cambio de administración en los gobiernos locales y estatales por el cambio en la imagen institucional, los diputados Sandra Arreola Ruiz y Alejandro Arévalo Vera, presentaron la iniciativa de la Ley de Imagen Institucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
Como representante del Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz explicó cada relevo institucional deriva en un gasto oneroso y recurrente. Se reemplazan papelería, vehículos, uniformes y señalética únicamente para imponer logotipos, colores o lemas personalistas. Esto representa un uso ineficiente de recursos públicos que podrían destinarse a rubros prioritarios como la salud, la educación o el desarrollo de las comunidades indígenas.
“Esta ley no es solo una reforma administrativa: es una declaración de principios. Apostamos por instituciones que trasciendan gobiernos y representen a nuestro pueblo con dignidad, austeridad y sentido histórico.”, explicó en tribuna.
Para buscar abatir esta problemática, la nueva legislación busca establecer un marco obligatorio para todos los entes públicos en materia de imagen institucional, garantizando que esta se utilice el Escudo del Estado de Michoacán como símbolo unificador, respetar los escudos municipales, reforzando la identidad local y la adopción de adopte colores neutros, sin afiliaciones partidistas.
Se establece además la prohibición del uso de fotografías, slogans o elementos personalizados que reflejen culto a la personalidad.
“Es momento de dejar atrás el despilfarro y los colores personales. Nuestra propuesta fortalece a Michoacán desde su raíz: su gente, su cultura y sus instituciones.”, expuso el diputado Alejandro Arevalo.
Finalmente expuso que con estas medidas se eliminan los gastos derivados de rediseños cada 3 o 6 años, así los recursos podrán dirigirse a hospitales, educación e infraestructura, con lo que se contribuye a la unidad entre poderes y municipios.
