*Comunicado 0581 / 2026*
• La iniciativa de Octavio Ocampo propone reconocer la violencia escolar como un delito y fortalecer la protección de estudiantes dentro y alrededor de las escuelas.
*Morelia, Michoacán, a 1 de julio de 2026*.- «Hoy muchas familias viven con preocupación porque la violencia escolar ha dejado de ser un problema menor. Ninguna niña, niño o adolescente debería sentir miedo al entrar a su escuela. Necesitamos que las aulas vuelvan a ser espacios seguros para aprender, convivir y crecer, y por eso proponemos dar al Estado herramientas legales para actuar antes de que una agresión termine en una tragedia», afirmó el diputado Octavio Ocampo.
La iniciativa fue presentada este miércoles ante el Pleno de la 76 Legislatura y propone reformar el Código Penal de Michoacán para reconocer la violencia escolar como un delito específico. Además, plantea sancionar las agresiones físicas, psicológicas, cibernéticas y patrimoniales que ocurran de manera reiterada dentro de las escuelas o en sus alrededores cuando sean cometidas por integrantes de la comunidad educativa, así como aumentar las penas cuando un homicidio o lesiones se cometan en este contexto.
Durante la presentación, Octavio Ocampo explicó que actualmente estas conductas suelen investigarse como lesiones o amenazas, pero la ley no reconoce el acoso escolar como un problema continuo que puede escalar hasta causar daños graves. Recordó que casos registrados en distintas partes del país y en municipios de Michoacán muestran la necesidad de contar con una legislación que permita proteger de manera más efectiva a las y los estudiantes.
La iniciativa también establece que las personas menores de 18 años no recibirán penas de prisión por este delito. En su lugar, serán atendidas conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes mediante medidas socioeducativas y mecanismos de justicia restaurativa, con el objetivo de corregir conductas, reparar el daño y prevenir nuevos actos de violencia. La propuesta no contempla un impacto adicional para las finanzas públicas del estado.
