*Morelia, Michoacán, a 19 de mayo de 2026.-* Fabiola Alanís, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, destacó que en Michoacán cerca de 25 mil niñas, niños y adolescentes enfrentan afectaciones derivadas del incumplimiento de pensiones alimenticias, una problemática que representa no solo abandono económico, sino también una forma de violencia contra las infancias.
La legisladora recordó que, ante esta realidad, en marzo de 2025 se aprobó una reforma integral al Código Civil y al Código Penal del estado para endurecer las sanciones contra deudores alimentarios y garantizar justicia familiar para las madres y sus hijas e hijos.
“En Michoacán, más de 25 mil niñas y niños sufren la falta de una pensión alimenticia. El abandono económico también es violencia”, subrayó.
Detalló que actualmente en Michoacán existen 2 mil 839 personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, de un total estimado de 10 mil 600 casos calculados en la entidad, lo que refleja la dimensión del problema y la necesidad de fortalecer las medidas legales y administrativas para combatir la morosidad alimentaria.
La morenista explicó que la reforma establece que, después de 90 días consecutivos o intermitentes de incumplimiento en el pago de la pensión fijada por un juez, el deudor será inscrito obligatoriamente en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
“Cero tolerancia a padres morosos: sin pensión pagada, no habrá licencias, pasaportes ni acceso al servicio público”, enfatizó.
Entre las medidas aprobadas destacan la pérdida automática de la patria potestad para quienes sean declarados morosos; la imposibilidad de tramitar o renovar licencias de conducir, concesiones de transporte público y pasaportes; así como restricciones para participar en operaciones de compra-venta de bienes inmuebles.
Asimismo, la vía penal contempla sanciones de entre tres y cinco años de prisión para quienes incumplan reiteradamente con sus obligaciones alimentarias. Además, las personas registradas como deudoras no podrán ser contratadas en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ni contender por cargos de elección popular, en cumplimiento con la Ley 3 de 3 contra la violencia.
Fabiola Alanís precisó que las denuncias pueden presentarse ante jueces y juezas familiares, y recordó que el Poder Judicial ha impulsado la transición hacia juicios orales para agilizar la atención de divorcios, custodias y pensiones alimenticias. Tan solo en el Distrito Judicial de Morelia ingresan alrededor de 6 mil asuntos familiares al año.
“Garantizar el bienestar de las infancias es una obligación. Esta reforma es un paso firme hacia la justicia familiar en nuestro estado”, concluyó.
