*Comunicado 0450 / 2026*
*Morelia, Michoacán, 20 de mayo de 2026*.- El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura reformó la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo para garantizar que las escuelas no condicionen la adquisición de uniformes, útiles escolares o materiales educativos, así como la contratación de actividades extraescolares.
Las y los diputados votaron a favor del Dictamen presentado por la Comisión de Educación, luego del estudio de la iniciativa presentada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, mediante la cual se prohíben prácticas que “aunque en ocasiones se presentan como acuerdos organizativos o medidas administrativas, en los hechos se traducen en una imposición que limita la libertad de elección y encarece de manera injustificada el costo de la educación”.
Con la reforma a la fracción XXIV del artículo 226 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, se estableció que condicionar la prestación del servicio público de educación a la adquisición de uniformes, útiles escolares o materiales educativos, así como a la contratación de actividades extraescolares.
De igual forma, obligar, inducir o presionar a las madres, padres de familia o tutores para adquirirlos o contratarlas en proveedores, marcas, establecimientos o distribuidores determinados, ya sea de manera directa o indirecta, incluyendo la imposición de listas exclusivas, convenios, recomendaciones obligatorias o cualquier otro mecanismo que limite la libre elección, o que genere beneficios económicos indebidos a favor de personas físicas o morales vinculadas con la comunidad escolar.
En las Consideraciones del Dictamen, la Comisión de Educación resaltó la importancia de garantizar condiciones de equidad y respeto a la economía familiar dentro del ámbito educativo, advirtiendo la necesidad de evitar prácticas mediante las cuales las autoridades de las instituciones educativas impongan, de manera obligatoria, proveedores específicos para la adquisición de útiles escolares, uniformes o materiales didácticos.
“Este tipo de prácticas limita la capacidad de decisión de madres, padres de familia y tutores, al restringirles la posibilidad de elegir libremente las opciones que mejor se ajusten a sus necesidades y condiciones económicas. En consecuencia, dichas imposiciones pueden traducirse en una carga financiera adicional e injustificada, afectando directamente la economía de las madres y/o de los padres de familia y contraviniendo principios de accesibilidad y equidad en la educación”, precisaron.
Con la reforma, se busca proteger el derecho de las familias a decidir libremente sobre la adquisición de los insumos escolares, promover condiciones de transparencia y legalidad en la prestación de servicios educativos, y prevenir posibles conflictos de interés o prácticas que vulneren la economía familiar, contribuyendo así a un entorno educativo más justo e incluyente.
