*Comunicado 597 / 2025*
*La propuesta busca garantizar perfiles profesionales en la dirección de los Institutos Municipales de Planeación, eliminando barreras innecesarias y promoviendo el uso eficiente de los recursos públicos.
*Morelia, Michoacán, 17 de junio de 2025*. — En representación del pueblo de Michoacán y acompañado por el Colegio Nacional de Economistas, filial Michoacán, el diputado Hugo Rangel presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el artículo 193 de la Ley Orgánica Municipal.
El objetivo es eliminar el requisito que actualmente exige que la persona titular del Instituto Municipal de Planeación sea originaria del municipio o tenga dos años de residencia, y en su lugar establecer que se requiere, únicamente, ser ciudadana o ciudadano Michoacano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
La propuesta parte de una convicción clara: profesionalizar la gestión pública municipal. Como señaló el legislador en la exposición de motivos, “la finalidad de estos institutos es maximizar los recursos públicos mediante la planeación soportada en la experiencia y capacidad técnica”.
Dicho enfoque técnico ha sido respaldado por el Colegio de Economistas, que ha insistido en la necesidad de contar con perfiles capacitados para operar modelos como el presupuesto basado en resultados, un modelo de gestión que promueve la eficiencia, transparencia y el impacto tangible en los resultados de las políticas públicas.
El diputado Hugo Rangel subrayó que la actual redacción de la ley resulta restrictiva e incluso discriminatoria, pues impone condiciones que no aplican para otros cargos de alta responsabilidad dentro de los gobiernos municipales.
“Este requisito resulta contradictorio con el derecho humano a la libertad del trabajo, previsto en el artículo 5º de la Constitución”, argumentó, además de señalar que la exigencia del lugar de nacimiento o tiempo de residencia no aparece para encargos como los de Tesorería, Secretaría del Ayuntamiento o Contraloría.
La reforma es coherente con el principio de garantizar que la toma de decisiones en los municipios esté guiada por perfiles técnicos, no por criterios de arraigo territorial. En palabras del legislador, se trata de abrir paso “a un perfil profesional experto en la gestión de los recursos públicos y en favor de una planeación estratégica que responda realmente a las necesidades de las y los michoacanos”, concluyó.
