Quienes ejercen una responsabilidad pública la entidad tienen la obligación de velar por los derechos y seguridad de las mujeres michoacanas
INFOMANIA/ ZITÁCUARO, MICH./ DOM-29-MAY-2022/ Quedarse sólo en el discurso sin generar acciones puntuales y eficaces, únicamente perpetúa la violencia que día a día sufren miles de mujeres en la entidad, informó la diputada Gloria Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Zitácuaro expresó que los discursos no representan un cambio en el statu quo de las mujeres violentadas, porque una palabra bien dicha no protege a las mujeres, “hacer citas de autoras y activistas no revive a las 10 mujeres que todos los días pierden la vida por el hecho de haber nacido mujeres”.
Gloria Tapia apuntó que la violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas, en donde éstas sufren diversos tipos de agresiones en todos los ámbitos: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros.
Quienes ejercen una responsabilidad pública en la entidad –refirió- tienen la obligación de velar por los derechos y seguridad de las mujeres michoacanas, y asumirse como pilares de la construcción de un Michoacán sin violencia.
“Las denuncias por maltrato físico en el entorno familiar desbordan de trabajo a la Fiscalía del Estado, mientras que las amenazas, los insultos, la violencia política sigue marcando, la vida y desempeño de las mujeres que buscan hacer del servicio y la función pública su realidad”.
La legisladora recalcó la urgencia de atender las causas estructurales de la violencia contra las mujeres y las niñas desde sus raíces, lo que implica la necesidad de tomar acciones para la prevención, entre las que se encuentra el promover marcos normativos y de política pública que sean integrales; que tengan perspectiva de género y de interculturalidad; con enfoque de derechos humanos, en cumplimiento de los más altos estándares internacionales, y que sean efectivamente implementados.
“Es evidente la urgencia de proveer servicios accesibles de calidad para la atención de víctimas de violencia; servicios de salud y de procuración e impartición de justicia con estándares internacionales”, finalizó.
