BOLETÍN 028/MORELIA, MICHOACÁN, 22 DE ENERO DE 2020. A pesar de ser un problema de salud pública que vulnera la economía familiar, e impacta en la incidencia delictiva, los ciudadanos en Michoacán no cuentan con una ley que los respalde en el combate a las adicciones, señaló el diputado Alfredo Ramírez Bedolla y advirtió que ese vacío legal es insostenible.
El legislador de Morena encabezó en el Congreso del Estado un foro de consulta y análisis en el que presentó su iniciativa de Ley Estatal de Prevención, Atención y Combate de Adicciones, con la que propone dejar de lado el enfoque punitivo con que se ha tratado este tema, y sea atendido de manera integral como un problema de salud pública.
Señaló que en Michoacán el rubro de seguridad es el que más aumentos presupuestales recibe, pero no se ven reflejado en una política pública que realmente incida en el consumo de drogas; «hay una falta de visión para atender el problema de inseguridad, ya que nos enfocamos en los efectos y consecuencias del delito, pero no atendemos los orígenes ni las causas de las conductas delictivas».
Los delitos contra la salud atañen a un importante porcentaje de personas privadas de su libertad, tanto del fuero federal como del común: el mayor número de sentencias es por posesión de drogas (48.6%), seguido de transporte (24.5%) y comercio (13.7%), según la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad que realizó el INEGI en 2016, puntualizó Ramírez Bedolla.
Un aspecto en el que coincidieron los ponentes, es la necesidad de fortalecer el tratamiento de las adicciones, desde el diseño e implementación de programas para la rehabilitación de adictos, hasta los espacios para su internamiento.
Bruno Montesano Castellano, representante de la Comisión Nacional contra las Adicciones, dijo que tan solo en Morelia se tienen registrados 187 centros de tratamiento conocidos popularmente como anexos; sin embargo, advirtió que día con día aparecen y desaparecen por estar relacionados con diversas irregularidades.
Por lo anterior, enfatizó que se requiere de mayor responsabilidad y compromiso en la verificación de los anexos, tanto por parte de las áreas de seguridad como de salud.
Alfredo Ramírez puntualizó que en la iniciativa de ley que propuso al Congreso en octubre plantea que Gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de Salud, establezca al menos un Centro de Tratamiento en cada una de las 10 regiones socioeconómicas de Michoacán.
Además, la ley propone endurecer el control de los centros de tratamiento para que ningún anexo pueda prestar servicios sin contar con la licencia municipal correspondiente, sin haber cumplido con los protocolos de protección civil, y los requisitos sanitarios que exijan las Normas oficiales.
La COEPRIS y las autoridades municipales correspondientes supervisarán de manera continua a los centros de atención, quienes deberán cumplir a cabalidad lo establecido en la Norma Oficial Mexicana, en el reglamento municipal y la legislación estatal para poder seguir operando, abundó Ramírez Bedolla.
En general, los participantes en el foro coincidieron en que la ley propuesta por Ramírez Bedolla es muy oportuna para fortalecer el combate a las adicciones, y que sean claras las responsabilidades de los poderes públicos ante este problema de salud que afecta a todo el conjunto social.
También presidieron el desarrollo de este foro el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio Madriz Estrada, y el diputado Osiel Equihua Equihua, integrante de la Comisión de Salud; además, el magistrado Pedro Ramírez Martínez, en representación del Poder Judicial; Julissa Suárez Bucio, Comisionada de Seguridad Pública en Morelia; Enrique Ramón Orozco y Selene Estrada Soto, delegados del IMSS e ISSSTE, respectivamente; José Rafael Torres Mandujano, director de Coepris; Carlos Bravo Pantoja, director del Hospital Psiquiátrico, y Guadalupe Contreras González, directora de Centro de Integración Juvenil.
