Reconoció la suma de las y los legisladores locales, para la aprobación de dos de las iniciativas que ha promovido, una de ellas con la que se da vida a la Procuraduría de la Defensa y Representación del Adulto Mayor en el Estado
INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-20-JUL-2022/ Para que una iniciativa de Ley o de reforma a un ordenamiento existente realmente tenga utilidad para Michoacán, deben ser aprobadas por el Congreso del Estado, de lo contrario se quedan sólo en buenas intenciones, subrayó la diputada Guadalupe Díaz Chagolla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución democrática en la LXXV Legislatura local.
La legisladora reconoció la suma de las y los legisladores locales, para la aprobación de dos de las iniciativas que ha promovido, una de ellas a Ley de Protección Integral a Personas Adultas Mayores, con la que se da vida a la Procuraduría de la Defensa y Representación del Adulto Mayor en el Estado.
La otra de ellas es una reforma Código de Desarrollo Urbano y a la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado, con la que se generan las condiciones legales para hacer efectivo el ejercicio del derecho al agua que tienen las y los michoacanos.
“Como diputada he asumido el compromiso de que cada iniciativa, cada propuesta que formule ante el Congreso, irá acompañada de mi esfuerzo para generar los consensos necesarios para que cada una de ellas se dictamine y sea aprobada por el Pleno; de nada serviría presentar un sinfín de iniciativas si éstas no logran aprobarse”.
Apuntó que el atender desde el ámbito legislativo a los más desprotegidos es convicción que guía su trabajo como diputada, de ahí que también haya promovido iniciativas para combatir el abandono de los adultos mayores; para que desde la Constitución local reconozca el derecho a la accesibilidad en condiciones dignas y seguras en espacios públicos y de uso público de las personas con discapacidad; y para que la atención en albergues a mujeres víctimas de delito, tengan una atención especializada.
Guadalupe Díaz señaló que como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, asumió con toda responsabilidad el análisis de la propuesta del Ejecutivo del Estado para desincorporar un inmueble propiedad estatal, a fin de entregarlo en dación del pago al IMSS, proponiendo candados y medidas que garanticen que dicho bien, sea usado para el fin propuesto y la inversión ahí prevista realmente se cristalice.
