* La Auditoria Superior tiene serias deficiencias en su desempeño y debe mejorar su profesionalismo.
MORELIA, MICHOACÁN; A 5 DE MAYO DE 2020.- A decir de la diputada local, Cristina Portillo, el gobierno del estado ha desdeñado el significado que tiene la presentación de la Cuenta Publica y en el caso de la del 2018, recientemente dictaminada por el Pleno del Congreso del Estado, quedó evidenciada la frivolidad con la que el ejecutivo estatal trata a otro poder del estado.
“La Cuenta Pública tiene deficiencias lamentables en materia de presentación de datos y elementos que nos puedan dar luz de a donde camina el estado y existen graves hechos contrarios al interés general y violaciones a las normas aplicables a la obtención y uso de los recursos públicos”, sentenció en tribuna la morenista.
Dijo que los ciudadanos expresaron en el pasado proceso electoral una voluntad de cambio y de dejar atrás un pasado de opacidad, corrupción, dispendio y frivolidad. “Esos días comienzan a quedar atrás en país aunque hay todavía mucho por hacer para desterrar estos vicios en la entidad”, señaló Portillo Ayala quien dijo además que el dictamen aprobado por el pleno “es en general aceptable, pues contiene muchos señalamientos de observaciones de incumplimientos a las normas aplicables en la presentación de la cuenta y en los resultados de la fiscalización de los entes públicos”
“Resulta preocupante que el Gobernador esté utilizando la exigencia de recursos a la federación como una bandera política, pero que no haga esfuerzo alguno en su administración por mejorar su recaudación de impuestos. Tan solo en el año del que se presentó la Cuenta Pública, su administración recaudó 20 por ciento menos de lo estimado. Está claro que el gobernador es bueno para exigir, pero no para asumir sus responsabilidades”, remarcó Portillo Ayala.
Finalmente dijo que hay una diferencia importante entre lo que dice y lo que hace el gobierno estatal. “Por un lado dice que exige programas de rescate a la federación, pero la actual administración estatal en 2018 dejó de pagar un 6.3 por ciento del presupuesto efectivamente devengado, situación que va en merma de las economías de prestadores de servicios, proveedores y contratistas que hoy se las ven negras para cumplir sus compromisos”, concluyó
