COMUNICADO 987/MORELIA, MICHOACÁN, 28 DE OCTUBRE DE 2020. En sesión ordinaria virtual, la diputada Laura Granados Beltrán presentó una iniciativa para que quede establecido en la ley, la obligación para que los ayuntamientos y gobierno del estado den a conocer las reglas de operación de los programas sociales.
“Sabemos que existen programas sociales en la entidad pero la población no se entera de su existencia o no saben cómo acceder a ellos. Además, muchas veces estos programas no llegan a comunidades alejadas que verdaderamente necesitan de ellos o llegan siempre a las mismas personas” dijo la diputada Laura Granados.
“Es importante garantizar que los programas sociales cumplan con los objetivos para los que han sido creados, es importante su correcto diseño y aplicación, ya que de ellos depende que la población reciba apoyos” dijo la diputada Laura Granados. Además, agregó “En la Ley de Desarrollo Social del Estado de Michoacán, no existe certidumbre jurídica respecto de estos aspectos. Por eso, es importante estipular en nuestra ley la obligación de titular del ejecutivo del estado de enviar al Congreso del Estado, tanto el proyecto del presupuesto de egresos, como las reglas de operación de los programas sociales y las fechas en que habrá de publicarse”.
“El programa estatal “Palabra de Mujer”, es un programa que beneficia a las mujeres michoacanas, creando un lazo de solidaridad entre la sociedad y el gobierno, ya que es un sistema de financiamiento creado para grupos solidarios integrados entre 12 a 40 mujeres que tenga un negocio o deseen emprender uno. No se duda de la veracidad y los beneficios del programa, pero no sabemos con certeza el número de beneficiarias, el alcance del programa, ni tenemos el conocimiento del monto total en el cual se presupuesta anualmente dicho programa” comentó la diputada Granados Beltrán.
Finalmente, la diputada invitó a coincidir en que el desarrollo social de nuestra entidad se debe de guiar por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno”.
