-No basta con decir que “le preocupa” la decisión, sino que debe cumplir con su responsabilidad legal.
-Autoridades civiles y no militares deben otorgar seguridad a los mexicanos.
CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE MAYO DE 2020.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe presentar una acción de inconstitucionalidad por el Acuerdo que militariza la seguridad, firmado por el Presidente de la República, afirmó el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza.
Señaló que no basta con decir que a la CNDH “le preocupa” una amplia presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública como lo expresó ayer, sino que la institución debe cumplir con su obligación legal de presentar la acción de inconstitucionalidad procedente para revertir esta decisión del Ejecutivo.
“En su comunicado, la CNDH expuso que le resulta preocupante porque se presta a una presencia permanente de las fuerzas armadas en las funciones dirigidas a la restricción de la libertad personal de civiles y que, además, será de manera permanente; por esa razón la Comisión debe pasar del dicho al hecho y actuar en consecuencia”, añadió.
Cortés Mendoza indicó que en estos momentos es fundamental la actuación de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos de las personas, porque el Acuerdo representa un riesgo importante que se debe evitar a tiempo, por la vía legal.
Reiteró que de igual modo Acción Nacional solicitará tanto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncien por la militarización de las tareas de seguridad pública en México, habida cuenta a los convenios internacionales a los que nuestro país se encuentra adherido.
“Reiteramos nuestro absoluto respeto al Ejército y la Marina que desempeñan un rol fundamental para la vida del país, por su lealtad a las instituciones y a los mexicanos, pero estamos convencidos de que una presencia permanente en tareas de seguridad pública no es la vía para resolver el grave problema de inseguridad que afecta a la sociedad mexicana. Deben ser las autoridades civiles las responsables de otorgar seguridad”, concluyó.
