El diputado local propuso ante el Pleno legislativo una reforma al Código Penal estatal
BOLETÍN 150/MORELIA, MICHOACÁN, A 27 DE FEBRERO DEL 2020.- Para castigar a aquellos servidores públicos y ciudadanos que ilegalmente difundan imágenes de personas víctimas de algún ilícito, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, presentó una propuesta de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán.
Al hacer uso de la tribuna legislativa, Ernesto Núñez Aguilar recordó el caso de la joven Ingrid Escamilla, quien tras ser asesinada por su pareja sentimental en la Ciudad de México fue exhibida en medios de comunicación y redes sociales mediante la filtración de imágenes de la víctima y de la escena del crimen, presuntamente por elementos policiales.
De ahí que el diputado local considerara imprescindible exigir a las autoridades tomar las medidas de protección a la cadena de custodia para evitar la difusión ilegal de imágenes de víctimas de algún ilícito, toda vez que para el caso de Michoacán está normado, pero sin castigos severos sobre los delitos contra la procuración y administración de justicia.
Por ello mediante la integración del artículo 263 al Código Penal, se plantean de uno a seis años de prisión e inhabilitación para el ejercicio público por hasta seis años al servidor público que comparta fotografías, videos o audios recabados con motivo de la investigación del delito o sujetas a cadena de custodia, respecto de las víctimas; así como de uno a seis años de prisión y multa de 200 a 500 días de salario mínimo cuando sea el caso de un particular.
“El asesinato de Ingrid es un ejemplo más de la degradación que sufre el tejido social en nuestro país y puede servir como un episodio que marque un antes y un después en lo que hagamos como sociedad para combatir y acabar con este flagelo. Es fundamental buscar nuevas rutas, sobre todo cuando se presenta un caso mediático como este”, subrayó el legislador.
Agregó que la falta de sanciones penales ha derivado que al menos en cuatro de cada 10 feminicidios se filtre información, y aún cuando en diferentes entidades la Comisión de Derechos Humanos correspondiente ha hecho recomendaciones estas no han tenido ningún proceso vinculatorio, insistiendo en la aplicación de las debidas sanciones a quienes resulten responsables de ello.
“Este tipo de hechos revictimiza y privilegia el sensacionalismo y el morbo, en consecuencia atenta contra la dignidad, intimidad e identidad de las victimas y de sus familias. En este segundo periodo buscaremos que esta reforma salga avante y sea una realidad en nuestro estado”, concluyó el líder parlamentario del PVEM.
