*Comunicado 472 / 2024*
* Exhortó al Poder Ejecutivo Federal a atender problemática con aseguradoras y concesionarias de las autopistas en Michoacán
*Morelia, Michoacán; a 21 de noviembre de 2024.-* La 76 Legislatura exhortó a la titular del Poder Ejecutivo Federal para que se generen los mecanismos necesarios que atiendan la problemática que enfrentan los usuarios de las autopistas en Michoacán, debido a la falta de cobertura de los gastos generados por siniestros, actos de vandalismo y daños en vehículos ocasionados por baches en tramos carreteros con peaje, por parte de los seguros empleados por las concesionarias.
Lo anterior, a propuesta del diputado Víctor Manuel Manríquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, quien desde la máxima tribuna del Estado, aseguró que el exhorto no busca entorpecer la operación de las concesionarias, sino más bien fortalecer los mecanismos de protección a los usuarios que confían en un servicio por el que ya han pagado.
“Al garantizar que los seguros contratados cumplan con sus obligaciones, estaremos asegurando que las autopistas de cuota en Michoacán sean verdaderamente seguras y confiables para todos los usuarios”, precisó.
El legislador subrayó que es imperativo que el Ejecutivo Federal tome cartas en el asunto, instruyendo a las autoridades competentes, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para que realicen una evaluación exhaustiva sobre el cumplimiento de las obligaciones de las aseguradoras y concesionarias en el Estado, y que, en su caso, implementen las sanciones y medidas correctivas necesarias.
Para concluir, el parlamentario reiteró que los peajes no solo deben cubrir el uso de la infraestructura, sino también garantizar un mínimo de seguridad y protección ante eventuales siniestros, “el hecho de que las aseguradoras, contratadas por las concesionarias, no cumplan con sus obligaciones representa una violación a los derechos de los usuarios, quienes ya han aportado una cuota económica esperando un nivel de seguridad superior al que ofrecen las carreteras libres”.
