Hablar de unidad en Michoacán no debería reducirse a una fotografía entre dirigentes ni a un llamado de cortesía después de una competencia política. En un estado que durante años ha acumulado conflictos sociales, territoriales, comunitarios y de seguridad, la unidad es antes que nada una necesidad de gobierno.
Michoacán conoce bien el costo de la polarización. Hay regiones marcadas por disputas agrarias, conflictos comunales, tensiones políticas, presencia de grupos criminales y una larga historia de desencuentros entre autoridades, organizaciones sociales y comunidades. Gobernar un estado así exige algo más que administrar programas: exige capacidad para sentar a actores distintos en una misma mesa.
Ahí aparece uno de los rasgos que Torres Piña ha tratado de convertir en argumento político durante esta etapa. Su paso por la Secretaría de Gobierno estuvo marcado precisamente por la negociación de conflictos, la interlocución con el magisterio, pueblos originarios, organizaciones sociales, municipios y distintos actores políticos. Más tarde, desde la Fiscalía, enfrentó otra dimensión del mismo problema: la necesidad de recuperar coordinación institucional frente a la violencia y el crimen.
No son experiencias desconectadas. Ambas plantean una misma pregunta: ¿cómo se gobierna un estado donde la fragmentación puede convertirse rápidamente en conflicto?
La respuesta difícilmente puede ser más polarización. Michoacán necesita un proyecto capaz de construir acuerdos entre regiones, sectores sociales, municipios y niveles de gobierno. También necesita coordinación permanente con la Federación, con las Fuerzas Armadas, con las instituciones de seguridad y con las autoridades municipales. En un contexto de violencia, gobernar desde la confrontación permanente sería particularmente costoso.
Por eso la unidad puede convertirse en algo más que una consigna partidista.
Torres Piña ha insistido durante sus recorridos en que conoce un estado diverso, con problemas distintos entre la Costa, Tierra Caliente, la Meseta, el Oriente, el Bajío o la Ciénega. Esa diversidad obliga a construir un gobierno que articule y no que divida.
El reto después de cualquier definición política será precisamente ése: construir un proyecto en el que quepan regiones, sectores y liderazgos distintos, sin confundir unidad con uniformidad.
Michoacán ya ha vivido suficientes conflictos heredados. El siguiente gobierno tendrá que resolverlos, no producir otros nuevos.
Y en un estado que enfrenta todavía un problema serio de seguridad, la capacidad de unir no será solamente una virtud política. Puede convertirse en una condición indispensable para gobernar.
