Comunicado 290/Morelia, Michoacán, a 17 de mayo de 2023.- El Pleno del Congreso de Michoacán aprobó punto de acuerdo para discutir la Iniciativa que pretende establecer que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; así como la obligación del Estado para garantizar el respeto a esa premisa.
La propuesta plantea además que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
El punto de acuerdo presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales admite la discusión de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionaría el artículo 2º Ter a la Constitución Política del Estado.
La comisión dictaminadora concluyó que la propuesta no vulnera las disposiciones que establece la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que hacen referencia a las facultades exclusivas del Congreso de la Unión, así como de la Cámara de Diputados y Senadores, por lo que se descarta que la materia sea reservada para la Federación.
Asimismo, del estudio del texto de la Constitución Política del Estado, se determinó que no existen antinomias en la misma que puedan estar en contradicción con la incorporación del texto que se propone con la Constitución General.
De igual forma, la propuesta no presenta limitaciones sustantivas para los Congresos Locales, toda vez que en términos del artículo 124 de la Constitución Federal se encuentra la libertad configurativa de las Legislaturas para poder modificar y legislar en dicha materia.
Por lo tanto, la Iniciativa de se encuentra bajo los criterios constitucionales del artículo 2° que menciona el derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente sano.
Aunado a ello, el dictamen refiere que el medio ambiente sano es un derecho humano reconocido en la Constitución, así como en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por lo tanto, su reconocimiento de este derecho viene a fortalecer el marco constitucional local, poniendo al Estado de Michoacán como una Entidad Federativa garantista e incluyente, que busca fortalecer su catálogo de derechos fundamentales.
