*La legisladora presentó una iniciativa que pretende penalizar la violencia que sufren las mujeres en este sentido.
MORELIA, MICHOACÁN; A 8 DE MAYO DE 2020.- En sesión celebrada de manera virtual por el Congreso del Estado, la diputada morenista Cristina Portillo Ayala presentó una iniciativa de ley que, de aprobarse, sancionará con hasta seis años de prisión a quien altere los procesos reproductivos de la mujer sin su consentimiento expreso. «En diversas legislaciones del mundo están penalizadas este tipo de violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres y ya es tiempo de que pongamos a Michoacán en sintonía con lo que ocurre en otras latitudes y dotemos a las mujeres de plena libertad sobre su cuerpo», indicó.
«La violencia obstétrica está ligada a la ausencia de respeto por la autonomía de las pacientes y su derecho a la información, con la inexacta atención y acceso de las mujeres a servicios de salud reproductiva de calidad, así como con las insuficiencias del sistema social de salud para atenderlas durante el embarazo, el parto y el pauperio» dijo la legisladora, quien logró que una mayoría de diputadas y diputados de diversos partidos suscribieran y respaldaran la iniciativa ya desde su primera lectura en el pleno virtual.
Portillo Ayala recordó lo ocurrido el 3 de febrero 2020, en el que un hombre denunció la negligencia del Hospital Regional de Los Reyes, Michoacán que causó que una mujer diera a luz en el piso, porque le negaron la atención médica, así como el caso que salió a la luz pública el 12 de febrero del presente año, en que una mujer dio a luz afuera del Centro de Salud de Coahuayana, Michoacán, luego de que le negaran atención médica «por falta de personal», ello por mencionar algunos casos que indignan. «No podemos permitir que éste tipo de violencias quede impune, o que no tenga una consecuencia jurídica», subrayó.
Finalmente dijo que la iniciativa pretende catalogar como el mismo delito de violencia obstétrica a quien siendo personal en el servicio a la salud pública o privada, acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta, con el fin de inhibir la libre decisión de su maternidad. «Pretendemos reformar el Código Penal de Michoacán para imponer penas corpóreas a quienes limiten o utilicen su condición técnica de especialista médico para limitar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Esas posturas son medievales y es momento de terminar con ellas», concluyó.