COMUNICADO CNSJP/026/2016/MORELIA, MICHOACÁN A 24 DE FEBRERO DE 2016.- “El Nuevo Sistema de Justicia Penal garantiza el cumplimiento de la ley con procesos rápidos, eficaces y transparentes, lo que da confianza a los empresarios e inversionistas para realizar sus negocios”, así lo señaló el Secretario Ejecutivo del Consejo implementador en la entidad, Jesús Sierra Arias.
La anterior, en conferencia de prensa con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA-Morelia), Héctor Manuel Tinoco Garduño, en donde informaron que según estudios proporcionados por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Penal (SETEC), Michoacán se encuentra entre los mejores 12 estados para invertir.
El Secretario Ejecutivo mencionó que las micro y medianas empresas valoran el ambiente de paz y la certeza jurídica para que cuando llegue a tener un problema de carácter jurisdiccional, tengan la certeza de que el aparato judicial funciona de manera ágil, transparente y que los conflictos se puedan resolver por medios alternativos de solución.
Además, Sierra Arias, señaló que de acuerdo con la SETEC, el costo de una averiguación previa en el sistema tradicional es de alrededor de 15 mil pesos, mientras que ahora con el NSJP se redujo a mil 500 en los asuntos que se resuelven a través de las salidas alternas y medidas anticipadas.
Por su parte, Héctor Manuel Tinoco, destacó que cambiar la percepción ciudadana tendrá un efecto multiplicador en la confianza que tengan las pymes para invertir, ya que estas representan el 90 por ciento de la economía en el estado.
“El tiempo es dinero, y si se reducen tiempos sin duda se reducirán costos. Es necesario lograr un nuevo ambiente para tener un efecto multiplicador en todos los sentidos, no solamente para los clientes, proveedores y empresarios, sino para toda la sociedad”.
De esta manera se cumple con los estándares internacionales, pues instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial aseguran que los países que implementan sistemas de justicia orales, potencian su desarrollo económico ya que contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la restructuración del tejido social.
