Urgen a las autoridades implementar medidas para que se actúe en contra de los malos funcionarios públicos y para que no quedé en impunidad la violación a los derechos de la población
BOLETÍN/MORELIA,MICH; A 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.- Los Partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano reprobaron enérgicamente la lamentable actuación de los servidores públicos encargados de la seguridad en la capital y decenas de municipios michoacanos, con lo que expresaron su respaldo pleno así como su adición a la causa de periodistas y ciudadanos que han denunciado una serie de abusos cometidos por parte de integrantes de diversas corporaciones policiacas, levantando así la voz para exigir un freno a estos atropellos y a que no se aliente la impunidad que prevalece en la estrategia de seguridad coordinada por el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, la cual, está en entredicho por los malos resultados del mismo a la luz de cifras oficiales del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En este comunicado conjunto, los representantes de diversas fuerzas políticas inquirieron que la sociedad michoacana continúa padeciendo una crisis de inseguridad e impunidad, donde el crimen organizado sigue desestabilizando la tranquilidad de Michoacán, y ahora, por si fuera poco, las corporaciones encargadas de proteger a los ciudadanos, han protagonizado abusos cotidianos contra la población.
Ante una nueva queja colectiva presentada por un grupo de periodistas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) este 10 de septiembre, la cual se suma a los 17 expedientes abiertos de investigación sobre agresiones a integrantes del gremio en Michoacán hasta el mes de julio en la Fiscalía Especial para los Delitos contra los Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República, que van desde la intimidación verbal, amenazas, hasta el asesinato o la desaparición, los institutos políticos hicieron un llamado a la Federación y al Gobierno del Estado a que implementen de carácter urgente acciones concretas para el respeto de los derechos humanos de la población y, en especial, se proteja y garantice el ejercicio periodístico, así como que se castigue a los elementos que en el ejercicio de sus funciones infrinjan la ley, quebranten el estado de derecho y debiliten aún más a las instituciones del Estado.
Señalaron que estos datos y las cotidianas denuncias que se registran en contra de los elementos policiacos, ilustran la deficiente capacitación e inadecuados procesos de selección del personal que integra la Fuerza Rural y Ciudadana así como a la Policía Ministerial, quienes tienen bajo su responsabilidad la delicada tarea de velar por la seguridad de los ciudadanos.
Por ello, se exige una profunda revisión de las estructuras de seguridad pública, para tener claridad sobre quiénes son los mandos e integrantes de los cuerpos de seguridad, que se transparente si en realidad se han efectuado controles de confianza para los elementos de dichas corporaciones para evitar infiltraciones del crimen organizado así como si existe apego a protocolos y reglamentos en sus acciones, todo con la finalidad de proceder a realizar una limpia en torno a todo el personal que no cumpla con los requisitos elementales que debe reunir un policía para ser garante de la protección del ciudadano.
Lo anterior, para ser adoptado como parte de una estrategia integral de seguridad pública que incluya la adecuada capacitación de los elementos y procesos adecuados de selección de personal, ya que la situación actual genera altos niveles de incertidumbre entre los michoacanos y permanecerá así mientras la seguridad siga en manos de elementos que no califican para el desempeño adecuado de su función y mientras las autoridades sean omisas ante las denuncias públicas que diversos sectores michoacanos han realizado.
Es así que los partidos políticos condenan el injustificable el proceder de los cuerpos de seguridad y justicia, amparados en la situación de crisis profunda en seguridad en la que está inmerso el estado, pues de ninguna manera es válida la aplicación de un modelo en el cual el fin justifica los medios, revirtiendo de esta forma la expectativa de protección que espera la ciudadanía y los periodistas en la entidad.
