BOLETIN/ MORELIA, MICH./ SAB-12-OCT/ Con un llamado a conocer y actualizarse en cuanto a las nuevas disposiciones legales del manejo de información de carácter público, Merced Orrostieta Aguirre, director de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo estatal, resaltó que las dependencias de los diferentes órdenes de gobierno, deben evitar poner en riesgo la privacidad de las personas, en los datos que exponen.
En el marco de la Conferencia “Aviso de Privacidad y Datos Personales en Poder de Instituciones Públicas”, realizada dentro del Primer Congreso Nacional de Educación Sanitaria, Orrostieta Aguirre apuntó que toda la información que manejan los gobiernos e instituciones públicas en México, es en principio pública, salvo las excepciones señaladas en ley, que protegen los datos personales y la privacidad de la persona.
Ejemplificó que los servidores públicos no están obligados a dar a conocer datos personales como el domicilio particular, el número de celular particular, el nombre de sus familiares, la preferencia religiosa, sexual y política, pues la Ley es clara en este sentido. “No se debe olvidar que la persona tiene derecho a su ámbito privado”, precisó.
Asimismo, explicó que es necesario valorar si la información generada por las autoridades puede causar un perjuicio a las personas, pues entre el derecho al acceso a la información y la protección de datos personales, hay una membrana muy delgada.
Añadió que existe un debate a nivel internacional respecto a las garantías que se deben preservar, pues mientras la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, aplica el principio pro persona en que por encima de leyes locales están los tratados internacionales, es decir, privilegiar a la persona, si ésta solicita información; al contrario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un veredicto importante en el que se dice que se deben privilegiar las leyes locales, es decir, “no todo lo que se pide es público”.
También, Merced Orrostieta señaló que el acceso a la información es una herramienta que sirve a los gobiernos y la ciudadanía, en el primer caso, para que los recursos públicos se manejen con transparencia; y al ciudadano, porque le permite estar informado sobre en qué programas se aplican dichos recursos y que esta transparencia le permita acceder a los beneficios.
