ROBERTO FLORES/ URUAPAN, MICH./ LUN-25-FEB/ El pasado viernes (22 de febrero) al revisar las noticias me encontré con algunos titulares como los siguientes: “El PRI avanza en cambios a los estatutos que permitirían el IVA en alimentos” (CNN México); “Analiza el PRI aplicar IVA en alimentos y Medicinas” (Milenio); “Delegados del PRI avalan el IVA en alimentos y Medicinas” (ADNpolítico.com).
El contexto de las notas fue el siguiente, durante la XXI Asamblea Nacional del partido tricolor se propuso modificar en su declaración de principios, uno de ellos, el artículo 154 donde establece que el Partido Revolucionario Institucional “No aceptará la aplicación del IVA en alimentos y medicinas”.
Si bien es cierto, no es la primera vez que este tema ha formado parte de la opinión pública, ya los ex presidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón lo plantearon como una medida para aumentar los ingresos tributarios en el país. En 2001 y 2003 durante el gobierno de Fox esta medida fue rechazada por los diputados perredistas y priistas cuando se pretendió generalizar este impuesto, en aquel entonces de un 15%.
Si llegará aplicarse un IVA de manera generalizada con una tasa del 16%. Según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados la medida anterior permitiría un incremento en el PIB del alrededor del 1%, pero sin duda, esto afectaría a los sectores más desprotegidos de la población, los cuales destinan en promedio el 47% de sus ingresos en la compra de alimentos.
Desde el punto de vista económico, la escuela neoclásica considera que los impuestos al consumo no debe de existir, incluso considera que es mejor un impuesto a las ganancias, porque un impuesto al consumo distorsiona las preferencias de los consumidores.
En nuestro país actualmente existen 16 impuestos diferentes: 1) Impuesto sobre la renta; 2) Impuesto empresarial a tasa única; 3) Impuesto al valor agregado; 4) Impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diesel para combustión interna; 5) Impuesto especial sobre producción y servicios a bebidas con contenido alcohólico; 6) Impuesto especial sobre producción y servicios a cervezas y bebidas refrescantes; 7) Impuesto especial sobre producción y servicios a tabacos labrados; 8) Impuesto especial sobre producción y servicios a juegos con apuestas y sorteos; 9) Impuesto especial sobre producción y servicios a redes públicas de telecomunicaciones; 10) Impuesto especial sobre producción y servicios a bebidas energetizantes; 11) Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, 12) Impuesto sobre automóviles nuevos; 13) Impuestos a los rendimientos petroleros; 14) Impuesto al comercio exterior (importaciones); 15) Impuesto a los depósitos en efectivo; 16) Impuestos accesorios.
A su vez, Nuestra Carta Magna contempla en su artículo 31 Fracción IV menciona de manera textual que es obligación de todos los mexicanos “Contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o el Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. En las cátedras de Legislación Fiscal, se considera que el artículo 31 Fracción IV habla de proporcionalidad y equidad en la tributación, dicho en términos más coloquiales, que las personas con elevados ingresos aporten en forma superior a los de más bajos ingresos.
Lo anterior lleva a considerar una Reforma Fiscal, pero no es como lo han propuesto los panistas y los priistas, estos últimos probablemente en el próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados. Es bien sabido que en nuestro país existe una gran evasión fiscal, principalmente las grandes corporaciones (las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores), que son las que mayores ingresos obtienen, disminuyendo hasta en un 75% el potencial recaudable, es por ello que la reforma debe ir encaminada a este sector de la economía.
Por último debe considerarse que también la llamada economía informal es una de las grandes evasoras de impuestos, por lo que deben generarse mecanismos que garanticen su inclusión como contribuyentes.
