BOLETIN/ MORELIA, MICH./ DOM-26-AGO/ En la Comisión de Justicia en la LXXII Legislatura se acordó dictaminar la iniciativa de Registro de Deudores Alimentarios, afirmaron las diputadas Selene Vázquez Alatorre y Cristina Portillo Ayala, quienes recordaron que en Michoacán el 25 por ciento de las mujeres, sufren alguna forma de violencia económica, de las que el 75% está relacionada con la falta de pago de pensiones alimenticias.
Para las legisladoras integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso Local, sería un avance que en Michoacán se apruebe dicha propuesta, ya que según datos de organizaciones no gubernamentales, se estima que el 67 por ciento de los deudores alimentarios incumplen injustificadamente con su obligación. Además de que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia en México el 67.5por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia.
Cristina Portillo, quien presentó esta iniciativa ante el pleno, recordó que en Michoacán de acuerdo a INEGI el 25.5% de los hogares es encabezado por una mujer, y lo grave es que de acuerdo a una proyección basada, en la Encuesta Nacional de Empleo 2008, cerca de 40 mil mujeres que encabezan hogares han perdido o perderán su empleo este año.
Además de que en Michoacán se registran cerca de dos mil 800 divorcios con hijos de por medio anualmente, según estadísticas del Poder Judicial, y se estima que en unos mil 600 casos no se llegara a hacer efectiva la pensión alimenticia o se incumplirá con ella en algún momento, sobre todo por la falta de mecanismos legales que permitan a los deudores alimentarios, mujeres mayoritariamente, realizar con eficacia acciones que aseguren el cumplimiento de las pensiones alimenticias.
Las diputadas Selene Vázquez y Cristina Portillo, recordaron que de acuerdo a estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado se presentaron 54 denuncias penales por el delito de Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar, sin que se hayan presentado Sentencias Condenatorias en el último año; aún y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncio a principios del 2010 por la eficacia de la sanción penal en estos casos.
Desde hace algunos años en diferentes legislaciones internacionales, se han creado Registros de deudores alimentarios morosos, tal es el caso de Perú, Uruguay, Argentina y Chile, en donde a través de este instrumento que tiene como fin principal el de constreñir a los obligados al pago de alimentos, mediante su identificación, detección en según sea el caso y la aplicación de una serie de restricciones, entre las que se destaca desde la cancelación de licencias hasta por seis meses, retener la devolución de la renta, ordenar el arresto hasta por quince días, arraigo o prohibición para salir fuera del país hasta en tanto se pague el adeudo, hasta el no poder acceder a préstamos bancarios o aprobaciones de tarjetas de crédito, en México, destacan la aprobación de mecanismos similares en el Distrito Federal y este mismo mes en Morelos; si bien Chihuahua, Puebla,
Ante esta situación, coincidieron, es claro que el Estado debe garantizar que sea cumplida esta obligación, más ahora que vivimos situaciones de violencia, en las que generalmente los menores que padecen rompimientos familiares se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad que los acercan gravemente a la delincuencia, es fundamental garantizar el goce de sus derechos de alimentación, salud, educación.
En ese sentido, coincidieron en que es viable dictaminar dicha propuesta y que se aplique en la entidad, ya que este instrumento ayudará a proteger y facilitar el cumplimiento de las obligaciones que los deudores alimentarios asumieron al procrear hijos.
Con dicha propuesta se establece la creación del Registro de Deudores Alimentarios, con la que se podrá monitorear y arrojara cifras relacionadas, a los niveles de cumplimiento de esta obligación en el Estado, para las mujeres, menores de edad o discapacitados, el hecho de que les sea negado un solo pago de pensión alimenticia es sumamente grave.
Además se proponen una serie de medidas que permitan coaccionar el cumplimiento de los Deudores Alimentarios Morosos, hacer más eficaz la sanción penal, más expedito el proceso civil de aseguramiento y cobro, por convenio con instancias federales negar el acceso al crédito de los morosos, como en el caso de Puebla y el Distrito Federal.
