GRECIA PONCE/ URUAPAN, MICH./ JUE-29-MZO/ Con personas lesionadas terminó una “reunión de mediación”, ante la mirada indiferente de policías municipales, en la Presidencia Municipal, en donde un grupo de comuneros de Caltzontzin, ejercían presión en contra de un grupo de particulares que compraron un predio en territorio uruapense.

La operación no está siendo respetada por el representante interino de Bienes Comunales de esa comunidad, Espiridión Aguilar Rangel, pero que se hizo con legalidad por parte de las anteriores autoridades P’urhépecha.

Un grupo de mujeres agresivas desde el principio intentaron a toda costa evitar el trabajo periodístico de esta corresponsal, pero al no lograrlo una mujer golpeó al hijo, menor de edad, de la que esto escribe, quien fue defendido por mujeres de la parte afectada, algunas de las cuales resultaron con golpes.

La mujer agresora fue denunciada penalmente, según consta en la averiguación previa penal 138/2012, que fue levantada en la mesa VI del Ministerio Público del Fuero Común.

Sin embargo no se trata de la primera agresión por parte de los seguidores de Espiridión Aguilar, quienes han enfocado sus baterías en contra los compradores del predio, ya que desde hace unas semanas, cuando las personas de escasos recursos que compraron el terreno en disputa e instalaron sus viviendas, comenzaron a ser objeto de intimidaciones verbales y físicas, según informó el dirigente de la agrupación Movimiento por las Causas Justas, Juan Antonio Valentín Juárez.

Juan Antonio Valentín relató, mostrando los documentos del caso como el contrato de compra- venta, que el predio de 3 o 4 hectáreas aproximadamente –donde estaban asentadas, ya que fueron desalojadas con violencia, unas 150 familias,–, refirió que se trata de una superficie que llegó a ellos luego de haber sido propiedad comunal y vendido en 5 ocasiones consecutivas.

También ofreció copia de la constancia de cesión de derechos, fechada el pasado 10 de agosto del 2010 y firmada por las anteriores autoridades comunales, Bruno Morales Anguiano y José María Medina Rangel.

Sin embargo, la comunidad destituyó a estas autoridades y nombró en su lugar a Espiridión Aguilar Rangel, Jesús Toral García y Paula Mediano Aguilar, quienes desconocieron el trato hecho con anterioridad y han encabezado intentos violentos de despojo, de acuerdo a lo informado por Juan Antonio Valentín, quien dijo que las 150 familias por temor a ser agredidas optaron por salirse de su propiedad y demandar que sean las autoridades las que determinen a quien pertenece el terreno y que se brinden las garantías para la ocupación pacífica.

Cuando se intentó recabar la versión de Espiridión Aguilar, él se negó a hablar, actitud muy contraria a la de ocasiones anteriores, cuando quería ser entrevistado para demandar que se le otorgara más agua a Caltzontzin, pues señalaba que el actual abastecimiento es insuficiente para la actual cantidad de habitantes.

Desde que esta corresponsal llegó al salón de actos en donde se desarrollaba la junta, un grupo de agresivas mujeres comenzaron con provocaciones, a intentar impedir el derecho a recabar y difundir información, garantía consagrada en la Constitución, e incluso una intentó una agresión física y además trató de despojar de su cámara fotográfica  a la que esto escribe.

Como todo eso no impidió el ejercicio periodístico una de las mujeres atacó a golpes al hijo menor de edad de esta corresponsal, quien se encontraba pacíficamente divirtiéndose  con una consola portátil de juegos.

Ante esto, unas mujeres de la organización de Juan Antonio Valentín Juárez, defendieron al menor y salieron golpeadas, según consta en las fotografías del caso.

A pesar de todo lo anterior se logró saber que el acuerdo al que llegaron las partes (de acuerdo a la copia de la minuta en poder de esta corresponsal) fue que los propietarios del predio llamado El Cerrito deberían desalojar el lugar a mas tardar a las 17.00 horas de ayer.

Además que la comunidad se comprometía a no invadir el predio, pero que el mismo quedaría bajo la custodia del interino y no legalmente reconocido representante de Bienes Comunales, Espiridión Aguilar.

También se firmó que las partes recurrirán a las autoridades competentes para que se determine la propiedad que Juan Antonio Valentín y su gente demuestran mediante documentos.