ISAURO GUTIÉRREZ/ MORELIA, MICH./ DOM-21-AGO/ Cuando un grupo de periodistas preocupados por la inseguridad del gremio, luego del asesinato de un tundeteclas en Apatzingán, se entrevistó con el gobernador Leonel Godoy Rangel en demanda de mejores condiciones de seguridad para desarrollar su trabajo, la respuesta del mandatario fue en el sentido de que resultaría imposible brindar seguridad específica a un grupo social determinado, pues lo mismo demandan los médicos, los profesores y otros que deben realizar su labor bajo condiciones de riesgo. Claro, el planteamiento era en el sentido de que mejoraran las condiciones de seguridad, nadie estaba pidiendo guaruras.
Ahora, con los tiempos electorales, los políticos están pidiendo también que se les brinde seguridad ante el clima de temor que existe en el estado, de tal manare que haciendo cuentas y considerando la participación de sólo tres fuerzas políticas, tenemos que cada partido tendrá 138 candidatos, entre aspirantes a gobernador, diputados y presidentes municipales, lo que multiplicado por tres nos da la cantidad de 414 candidatos que andarán por los caminos de Michoacán, arriesgándose en busca del voto popular.
Si a cada uno de ellos se le otorgara una guardia de seguridad integrada por cuatro elementos, sería necesario contar con mil 656 miembros de seguridad pagados por el erario público para tal fin.
Pero todavía falta, porque la presidenta del IEM María de los Ángeles Llanderal Zaragoza y el presidente del Tribunal Electoral del Estado Jaime del Río Salcido, también han pedido que se les brinde seguridad, por lo que hay que seguir haciendo cuentas. El IEM cuenta con 113 comités municipales y 24 distritales, más las del TEEM, nos da la suma de 138 instalaciones. Empleando el mismo modelo anterior, se necesitarían 552 elementos, que sumados a los ya descritos, arrojan una demanda total de dos mil 208 guardianes de seguridad, todos ellos pagados por el erario público, es decir, estaríamos hablando, en términos militares, de prácticamente OCHO BATALLONES DE INFANTERÍA.
La otra posibilidad es que Felipe Calderón decida mandar otros 400 policías federales, que sumados a los mil 800 que mandó para combatir el crimen organizado en Michoacán, podrían cubrir esos requerimientos de seguridad personal y problema resuelto.
Pero todavía habría que agregar que las empresas encuestadoras deberán contar también con medidas de protección para sus trabajadores, luego de que nueve de ellos fueron secuestrados unos días por el crimen organizado en Apatzingán, pero si se sigue en ese tenor, la realidad es que no hay otra forma que no sea la de un gobierno eficiente, que brinde condiciones generales de seguridad para todos los miembros de la sociedad, pero ese, es otro cantar.
La vacilada del Seguro Popular.- Es del dominio público que el llamado seguro popular, implementado por el gobierno de Felipe Calderón, como una medida para cooptar simpatías entre los más pobres de México, que son la mayoría, sólo ha servido como muestra de la ineficacia gubernamental y la corrupción que impera en los centros de atención hospitalaria del sector Salud.
Cuando las personas acuden a recibir el servicio del seguro popular, de entrada les dicen que no tienen derecho a intervenciones quirúrgicas, por lo que deberán pagar por ellas y tampoco se les suministran medicamentos ni estudios clínicos de especialidad, porque éstos son muy caros.
A final de cuentas, el seguro popular sólo sirve para aliviar dolores de barriga o de cabeza con aspirinas. El colmo de los males fue la denuncia hecha por trabajadores del Centro de Salud de Morelia en el sentido de que son obligados a cobrar los servicios odontológicos a los pacientes que cuentan con Seguro Popular por indicaciones del propio director del lugar, Gildardo Oropeza García; los costos van desde 10 pesos por consulta general, 14 pesos por consulta de revisión y 35 pesos por amalgama.
El colmo fue que el alienado, estólido y gangsteril director del centro de salud haya mandado detener a la reportera Yuri Galván del periódico Provincia, quien fue a parar a Barandilla, por el “delito” de hacer su trabajo como comunicadora.
Las declaraciones del secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, en el sentido de que la atención que se ofrece a los afiliados al Seguro Popular debe ser de calidad a pesar de ser gratuita, “ya que se trata de un derecho, mas no de una limosna”, sólo constituyen la retórica de quien está pensando en ser candidato al gobierno de Guanajuato, más que en el bienestar de la población.
El colmo de la desvergüenza política.- El día 7 de noviembre de 2007, en el último día de campaña proselitista en el proceso electoral local de ese año, se publicó en el periódico La Voz de Michoacán, específicamente en la página 9-A, un desplegado signado por el ING. JORGE AL. MOLINA BAZÁN, secretario General de la Federación de Sindicatos al Servicio del Gobierno del Estado y sus Municipios (FESEGEM), en el que destacaba la vocación de servicio y proyecto del abanderado panista al gobierno del estado Salvador López orduña, y a quien ponderaban como “la mejor opción para el desarrollo de nuestro estado, razón por la cual hemos determinado apoyar y respaldar su candidatura para que sea nuestro próximo gobernador…”
Eso no tendría nada de criticable, si no es porque, el mismo actor político, se registró como aspirante a convertirse en candidato a diputado en el distrito 10 con cabecera en Morelia, ahora por el Partido Revolucionario Institucional. Allá los priístas que se prestan a esas marranadas.
