Lamberto HERNÁNDEZ MÉNDEZ/ URUAPAN, MICH./ DOM-03-JUL/ El pasado 14 de junio fue reformado el Código Penal de la entidad, en el cual se da cuenta que será un juez de ejecución y sanciones, la autoridad encargada de vigilar y garantizar jurisdiccionalmente, el cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad, como el respeto a los derechos de la persona sentenciada; en síntesis, los reos sentenciados ya no estarán a disposición del ejecutivo sino del juzgado de ejecuciones y sanciones.
Será ésta instancia quien reciba las solicitudes de los sentenciados para obtener algún beneficio preliberacional o libertad condicional, acción que anteriormente era realizada por un consejo técnico de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social en la entidad.
Durante los recientes días, la visitaduría regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ha recibido un total de 200 solicitudes para ser candidato a algún beneficio, entre ellas de 18 mujeres, del Centro de Reinserción Social de Uruapan y 23 más del penal de Tacámbaro, según lo confirmó Wilfrido Navarrete Virrueta.
Éstas, deberían ser turnadas en la actualidad, al juez de ejecuciones y sanciones penales del estado, pero a casi un mes de la publicación en el Periódico Oficial sobre dicha modificación, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado no ha establecido dicho juzgado.
Pero en tanto se designa dicho juzgado, aún continúa funcionando el consejo técnico de la subsecretaría de prevención y reinserción social, dependiente del ejecutivo estatal.
