RA/ URUAPAN, MICH./ DOM-26-JUN/ La desaparición forzada de la secretaria del Ayuntamiento hace dos años, Maribel Martínez, es un caso pendiente que debe esclarecerse con más y mejores investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), coincidieron en señalar miembros del ayuntamiento de Uruapan tras conocer las declaraciones del presidente de México Felipe Calderón Hinojosa en cuanto a que en este ilícito habrían participado algunos miembros de esta administración.
Regidores de la diversas fuerzas políticas y el propio presidente municipal, Antonio González Rodríguez, señalaron que se trata de un hecho que duele y empaña el quehacer de la administración local, por ello no quedar impune y se debe esclarecer hasta sus últimas consecuencias para el bien y tranquilidad del municipio.
El jueves por la mañana durante el encuentro con el poeta Javier Sicilia y un grupo representativos de víctimas de la violencia en México, el ejecutivo federal en una de sus intervenciones ventiló el caso Maribel Martínez y presumió la posibilidad de que miembros de esta administración municipal estarían vinculados a esa desaparición protagonizada por un grupo armado en el centro de esta ciudad al termino de una reunión con comerciantes ambulantes que luego fueron reubicados para el rescate del centro histórico.
Al respecto el alcalde Antonio González expuso que es un hecho obligado aclararse. “Como amigo y compañero de trabajo hice una demostración de interés inmediato pues tres o cuatro horas después estaba presentando la denuncia ante el Ministerio Público y fue el único que denunció el hecho, sin embargo no hemos tenido resultados y seguimos esperando”, dijo.
Aseguró que cuando estuvo preso por presuntos vínculos con el crimen organizado fue interrogado y declaró al respecto sin que se le probará su probable participación. “Estoy a disposición y dispuesto a participar con la Siedo para esclarecer la desaparición de mi amiga entrañable”, dijo.
Por su parte el regidor Librado Madrigal Sánchez, señaló que el presidente “antes que hablar, debe tener las pruebas. Que lo compruebe; eso sería satisfactorio porque lo que le sucedió a Maribel no lo merecía. El presidente debe precisar a que compañeros de la administración se refiere si a los de su partido o del resto de funcionarios y representantes populares”.
Para la regidora Thelma Berenice Gonzáles Montoya es un caso que efectivamente debe aclararse pero declinó profundizar en sus declaraciones al igual que el síndico municipal José Moreno Salas en tanto que la representante popular María Teresa Gutiérrez Bojorquez estimó que se trata de una declaración irresponsable por no tener respaldo con pruebas de los dichos por el ejecutivo federal sin embargo si es un hecho que debe aclararse.
El también regidor Juan Daniel Manzo Rodríguez, señaló que efectivamente se debe profundizar en las investigaciones para evitar “bandazos” como el del presidente con el “michoacanazo”. “La realidad es que ocurrió un grave delito y permanece sin hacerse justiciaq, dijo.
