Lamberto HERNÁNDEZ MÉNDEZ/ URUAPAN, MICH./ MAR-07-JUN/ La Secretaría de Educación en el Estado, ocupa el primer lugar en quejas por una serie de violaciones a los derechos humanos de los alumnos, le siguen la Procuraduría de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad, lo anterior quedó de manifiesto durante un curso de capacitación a más de medio centenar de elementos de la Policía Estatal Preventiva de ésta región, por parte del gobierno del estado, la CEDH y organismos no gubernamentales.
Se pretende con esto, que los elementos policiacos actúen con respeto hacia la población, con un trato digno y con ética policial, que en caso de que tengan que usar la fuerza, lo hagan estrictamente en caso necesario, sin prepotencia y sin violar sus derechos fundamentales.
Participan aquí en el curso de capacitación, delegados y personal de tránsito del estado de los municipios de Lombardía, Paracho, Taretan, Quiroga, Tacámbaro, Ario de Rosales, Tzintzuntzan, Cherán y claro, Uruapan, encabezados por el comandante regional, Gilberto Hernández García.
Algunos de los temas que abordan son, “medios técnicos que limiten la fuerza y las armas de fuego”, presunción de inocencia en el ámbito administrativo”, “Resguardo y conservación del lugar del delito y objetos asegurados”, “Persuación, negociación y mediación”, “Uso racional de la fuerza policial”, “El protocolo de Estambul” y la “Ley federal para prevenir y sancionar la tortura”, entre otros.
Dentro de los ponentes, están Marco Antonio Hernández Zaragoza y Marcela Casillas Carrillo, de la secretaría de gobierno del estado; Raúl Rodríguez Zepeda, de la Asociación Nacional por la Defensa de los Derechos de los Indígenas (ong), Wilfrido Navarrete Virrueta y Carlos Alejandro Cortés, de la visitaduría regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Ahí se ejemplificó que es la Secretaría de Educación, la dependencia estatal con mayor número de quejas, pero no por los paros, marchas, faltas a clases y manifestaciones de los maestros, sino por abusos sexuales, malos tratos y prepotencia de los maestros hacia los alumnos, mientras que las corporaciones policiales de la PGJE y la SSP, son abuso de autoridad, detenciones arbitrarias o ilegales, tortura o discriminación.