ISAURO GUTIÉRREZ/ MORELIA, MICH./ DOM-10-ABR/ Como lo habíamos adelantado en columnas anteriores, la llamada gratuidad educativa ha traído consecuencias en la operatividad de casi todas las instituciones educativas pero, sobre todo, en aquellas que trabajan a través de ingresos propios además de las partidas presupuestales que les son asignadas por el Poder Ejecutivo estatal.

 

Uno de esos casos es el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, donde se imparten las licenciaturas en Pedagogía, Psicología Educativa, Enseñanza del Inglés, Educación Especial y Educación Artística, todas ellas sujetas a lo previsto por las modificaciones legales que permitieron la gratuidad educativa en todas las instituciones de educación media y superior del estado.

 

Así como lo anunciamos, en el IMCED se han venido tomado medidas administrativas que buscan compensar la disminución de los ingresos que provenían de cuotas de inscripción y pagos mensuales por parte de los alumnos, debido a que los legisladores no tuvieron la suficiente información por parte del ejecutivo, para hacer los ajustes presupuestales necesarios.

 

Es así como, por instrucciones de la directora del IMCED, la actuaria, ahora sedicente Doctora Irma Aurora Villaseñor Ávila, el costo de las credenciales se incrementó en un 600 por ciento, con lo que ahora cuestan 150 pesos, cuando anteriormente se tasaban en 25 pesos.

 

En cada materia que se imparte, los profesores entregan una antología para los alumnos y anteriormente se les prestaba el original para que ellos se encargaran de fotocopiarla en donde más les conviniera, pero ahora, se les obliga a recoger una copia individual de dicha antología a costos que varían en precio de acuerdo con el volumen, pero que en ningún caso son menores a 80 pesos.

 

Como un detalle curioso, resulta que los alumnos del grupo intermedio de inglés toman sus clases en un anexo al teatro de la escuela, espacio que viene siendo utilizado por un coro externo, que nada tiene que ver con la institución y que deja en la sobra la duda de una posible renta, que ensaya en ese lugar con autorización de la directora, lo que impide el desarrollo armónico de las clases.

 

La llamada gratuidad educativa ha servido también como pretexto para no apoyar las actividades extraescolares de los alumnos, como ocurrió con los integrantes del grupo que calificó para la Universiada, competencia deportiva a realizarse en la ciudad de Guadalajara.

 

Los jóvenes acudieron a la dirección para solicitar se les apoyara con uniformes, viáticos y gastos de camino, pero la directora les dijeron que no había forma, debido a la gratuidad educativa.

 

Los estudiantes estuvieron presionando para lograr su objetivo, visitaron a varios diputados y funcionarios de gobierno, lo que llevó a que finalmente a que la directora les “consiguiera” unos uniformes que alguien tenía almacenados desde el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel y honrosamente ostentan la leyenda de “Un gobierno diferente”.

 

Los estudiantes consiguieron también que otra institución educativa les prestara un autobús, pero se necesitaban 14 mil 700 pesos para combustibles, casetas y pago de chofer con sus viáticos, por lo que acudieron nuevamente con Irma Aurora Villaseñor Ávila, quien rechazó toda posibilidad de apoyarlos, aduciendo insistentemente el tema de la gratuidad educativa.

 

Le hicieron saber que si no asistían a la Universiada, la institución sería multada con 20 mil pesos y se sancionaría a los estudiantes con un año de inhabilitación para participar en las justas deportivas, lo que no hizo mella en la directora, pues dijo que ya se negociaría lo de la multa una vez que ésta se aplicara, misma respuesta que recibieron del subsecretario de gobierno ARMANDO HURTADO ARÉVALO, cuando acudieron a él en busca de apoyo.

 

A final de cuentas, la directora terminó por acceder a brindarles el apoyo, aunque para ello, el encargado de las finanzas del IMCED exigía en un principio que se le entregara previamente una factura para justificar el gasto, posición que tuvo que abandonar luego de que se le demostró que esa era una ilegalidad y en todo caso, al regreso, los estudiantes entregarían los comprobantes del gasto.

 

Este tipo de historias ponen en claro que la llamada gratuidad educativa fue en realidad una medida de carácter político para cumplir promesas de campaña que se hicieron al calor de la búsqueda de votos y simpatías, pero a la vuelta de la esquina nos hemos percatado que las repercusiones en el ámbito educativo siguen siendo imperceptibles, porque los estudiantes terminan pagando cantidades iguales o superiores a las que tenían que pagar antes, merced a las estratagemas de los directivos de la educación.