La deuda puede rebasar los 17 mil mdp

Gobierno no debe seguir administrando pobreza

Con recursos suficientes, busca fortalecer el clientelismo electoral

 

BOLETIN 00020/ MORELIA, MICH./ LUN-31-ENE/ Luego de llevar a cabo diferentes consultas con expertos en finanzas, diputados priístas, denunciaron que la aprobación a la reestructuración de la deuda solicitada por el gobernador Leonel Godoy Rangel, estuvo fuera de la Ley.

Solicitarán que la Auditoria Superior de Michoacán (ASM), lleve a cabo una investigación y que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), tome cartas en el asunto;  no significa que estemos en contra del progreso de Michoacán sino a favor de las finanzas del estado porque cabe la posibilidad de que en los 25 años programados en la reestructuración, los michoacanos pudieran deber alrededor de 80 mil millones de pesos, dijeron.

En conferencia de prensa los diputados, Jaime Rodríguez López, Alfredo Anaya Gudiño, José Trinidad Martínez Pasalagua y David Huirache Bejar, expusieron los motivos por los que votaron en contra de que se aprobara al gobierno del estado, un nuevo endeudamiento por el orden de los 4 mil 800 millones de pesos y que en igualdad de circunstancias a los créditos anteriores, no cuenta con respaldo en obra pública y de inversión como mandata la Ley.

Tras reiterar que los diputados tricolores no están en contra del progreso, Rodríguez López subrayó “nos oponemos a la cancelación de oportunidades de educación y desarrollo para las futuras generaciones, no es con deuda como se amplía el gasto corriente para, con un asistencialismo ramplón, seguir manipulando y administrando la pobreza en la pretensión de fortalecer un clientelismo electoral que permita la continuidad de acciones de gobierno con rendimientos partidistas” señaló.

Precisó, que resulta preocupante que el endeudamiento en estos casi 10 años de gobiernos del PRD, se haya incrementado hasta el cien por ciento. Recibieron una deuda de 180 millones de pesos y hoy, están hipotecando el estado sin respaldo de obra pública e inversión.

Abundó que también resulta preocupante, el destino que han tenido y que van a tener los recursos que son del pueblo y que hasta el momento, el gobierno se ha negado a entregar la información que sustente y justifique los créditos y preocupa, “la ligereza con que se aprobó una reestructuración que si bien era necesaria, tenía que estar apoyada con un programa de austeridad y de reordenamiento administrativo del Poder Ejecutivo así como con una auditoria a la Secretaria de Administración y Finanzas por parte del congreso a través de la ASM a fin de dar certidumbre y transparencia al manejo de las finanzas públicas y de encontrar responsabilidades e iniciar los procedimientos previstos por la Ley.

Resulta inaceptable y jurídicamente inadecuado, no respetar el estado de derecho y extender un cheque en blanco a un Ejecutivo Estatal que se ha caracterizado por la opacidad en el manejo de los recursos públicos y un ejercicio personal, inspirado en un patrimonialismo, que el cambio democrático, hoy, ha descalificado.