ISAURO GUTIÉREZ/ MORELIA, MICH./ DOM-16-ENE/ De 2000 a 2010, los agentes de la Policía Federal (PF, antes Policía Federal Preventiva) han sido acusados de cometer 3 mil 388 violaciones a los derechos humanos, la mayoría de ellas en el Distrito Federal, Michoacán, Chihuahua, estado de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila y Jalisco. Los actos que más han sido denunciados son detención arbitraria, cateo ilegal y abuso de autoridad.

 

En ese tiempo han sido denunciadas 42 violaciones «al derecho a la vida», es decir, el número de muertes que los agentes federales han cometido violando las garantías de los ciudadanos durante sus actuaciones.

 

De acuerdo con los registros anuales, a partir de 2007 –en diciembre de 2006 FELIPE CALDERÓN declaró la guerra contra el crimen organizado y GENARO GARCÍA LUNA fue designado titular de la SSP federal– el número de denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos contra elementos de la PF fue en aumento.

 

Lo que se conoce ahora como Policía Federal fue un intento para crear una llamada Policía Nacional, como las que existen en otros países desarrollados de Europa, los Carabinieri de Italia, la Guardia Civil Española y la Policía Nacional de Francia, pero ante la falta de una estrategia que consolidara su formación mediante una coordinación estrecha con los gobiernos estatales y municipales, se convirtió en el brazo armado civil del presidente, con una formación escasa que no va más allá de una capacitación limitada a las habilidades meramente de confrontación.

 

Los fundamentos de una policía nacional, expuestos desde hace unos 20 años por expertos en materia de seguridad pretendían la creación de una policía nacional única, es decir, eliminar las policías municipales y estatales, para que fuera un solo cuerpo con independencia de mando, pero con una estrecha colaboración e identificación con las autoridades locales.

 

Para subsanar esas deficiencias, ahora se intenta crear lo que han dado en llamar Mando Único Policial en cada entidad federativa, lo que no resuelve el problema de fondo, que es la falta de vinculación social de los policías federales que llegan a comunidades para ellos desconocidas, sin arraigo regional y, por supuesto, sin identificación con la problemática de los vecinos del lugar.

 

En una Policía Nacional no se da cabida a directrices de orden político, como ocurrió con el llamado michoacanazo, evento del cual resultó que todos los “peligrosos delincuentes” que fueron detenidos en un magno operativo, han sido puestos en libertad por falta de pruebas fehacientes de su participación con el crimen organizado.

 

Y son todos, porque el único que sigue en la cárcel fue detenido meses después y nos referimos aquí al edil de Nueva Italia ARMANDO MEDINA TORRES, de quien se dice también podría quedar en libertad absoluta una vez agotados los procedimientos judiciales.

 

LOS GRUPOS DE ÉLITE.- Lo que ocurrió con la Policía Federal, es lo mismo que viene ocurriendo en las diversas corporaciones en las que se intenta la creación de grupos de élite que deberían ser utilizados sólo en circunstancias espéciales en las que se requiere de altos niveles de capacidad operativa.

 

En el caso de Michoacán, desde hace muchos años se creo lo que primero se llamó “Grupo Pantera” en el que se buscaba colocar a los mejores hombres en un proceso riguroso de selección para luego capacitarlos en técnicas de asalto y negociación para la liberación de rehenes.

 

Ese mismo grupo se convirtió después y, por necesidades del servicio, en un grupo antimotines que era usado para enfrentar situaciones de manifestaciones públicas y poco a poco se fue diluyendo dentro de la misma corporación policial, debido a que ya no hacía falta mucha capacitación, si sólo se trataba de usar un escudo y un tolete para enfrentarse a las masas enardecidas.

 

Vino después el llamado Grupo de Operaciones Especiales (GOE) que en principio pretendía también convertirse en agrupamiento con altos niveles de exigencia desde el proceso de selección hasta su formación en paracaidismo, descensos en rapel, manejo de explosivos y otras tareas inherentes a un grupo de élite.

 

A final de cuentas pasó lo mismo. Los Goes fueron utilizados en labores de vigilancia preventiva y, claro está, en la confrontación de manifestaciones públicas, con lo que finalmente se convirtieron, como sus antecesores, en antimotines, no más.

 

Fue así también como la Policía Federal pasó de 12 mil efectivos a más de 30 mil, con lo que se han constituido en un ejército mal seleccionado, mal capacitado y mal empleado en labores que, de suyo, debieran corresponder a la Procuraduría General de la República.

 

La Policía Ministerial de la Federación ya casi ni aparece en los medios de comunicación, cuando debieran ser ellos los que dieran complimiento a las órdenes de aprehensión giradas por jueces federales y los que combatieran el crimen organizado a través de la Sub Procuraduría de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada (SIEDO). Cada presidente, construye sus juguetes.