BOLETIN 231/ MORELIA, MICH./ JUE-16-DIC/ Luego de que este día fue aprobada La Ley de Seguridad Privada, el diputado vice-coordinador de la bancada tricolor, Juan Carlos Campos Ponce, consideró que resulta inaplazable darle respuesta a la sociedad en materia de seguridad porque destacó que Michoacán, atraviesa por una crisis de inseguridad.
La sociedad dijo, requiere de los servicios de las empresas de seguridad privada a fin de auxiliar el desarrollo de actividades que en el renglón de seguridad se llevan a cabo en territorio michoacano.
El también Presidente de la Comisión de Seguridad Pública destacó que era urgente que en Michoacán exista un marco jurídico que regule esta actividad que hoy en la práctica se lleva a cabo sin ningún marco jurídico que diera certeza y seguridad a la población.
Campos Ponce quien presentó la iniciativa de esta Ley que hoy está siendo aprobada consideró que la prevención y represión del delito, es un aspecto de la aplicación de la Ley que exige de los funcionarios encargados de hacerla cumplir, altos niveles de moralidad y ética.
Los ciudadanos enfrentan las consecuencias de una crisis de inseguridad reiteró el diputado tricolor y abundó que en base a ello, “quienes gobernamos, debemos dar respuestas claras dentro de nuestro ámbito de competencia a fin de solucionar este problema del que no puede ser ajeno el servicio de seguridad privada”.
Reconoció el legislador que la aparición de las empresas de seguridad privada generaron cierta tranquilidad en la ciudadanía, sin embargo existen elementos negativos que tienen que ver con su funcionalidad y denuncias de abusos por parte de los vigilantes así como las formas de contratación de los mismos porque el proceso de selección es prácticamente nulo reducido a la voluntad de quien desea cumplir las funciones.
En este marco abundó, se han reclutado individuos con prontuarios penales extensos, y se les puede ver en las calles “protegiendo” a quienes antes agredían. El peligro mayor que este hecho representa, es que llegan a conocer los vecindarios y a los mismos vecinos, sus rutinas y actividades, y nadie garantiza que no vuelvan a realizar hechos delictivos contra quienes los han contratado para su protección.
Reconoció Campos Ponce que la problemática urge a partir de la crisis policial y la búsqueda de alternativas por parte de la sociedad civil y, las dos facetas de esta situación (institucional y moral), permiten que se forme en el imaginario colectivo de la sociedad una imagen de desprotección que difunde la policía y otra totalmente opuesta de seguridad garantizada que proviene de lo privado.
Así, en última instancia, se trata de solucionar de manera permanente el tema de la seguridad ciudadana. Seguramente los conflictos van a permanecer, ya que se trata de la invasión de espacios públicos tradicionalmente protegidos por un ente también público. De cualquier forma, si la seguridad está garantizada, vale bien mantener en esos espacios a ambas instituciones.
También consideró que la solución al problema de la seguridad es posible, a partir de la acción combinada de la policía y las empresas de seguridad privada. Manteniendo el respeto debido a las normas establecidas, es posible generar un proceso coordinado de protección y vigilancia.
