DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,

DIPUTADAS Y DIPUTADOS,

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CIUDADANOS QUE NOS ACOMPAÑAN.

Subo a esta tribuna para expresar el punto de vista del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en relación a las iniciativas referentes, la primera de ellas en reformar el último párrafo del artículo segundo de la Ley de Deuda Pública del Estado Michoacán de Ocampo; y, la segunda se refiere a la autorización por parte del Congreso para que el Ejecutivo del Estado este posibilitado para refinanciar la deuda bancaria directa estatal a corto plazo que actualmente tiene contratado.

POSICIONAMIENTO

El Ejecutivo Estatal presentó a esta soberanía, el pasado nueve de septiembre, dos iniciativas relacionadas con el tema de deuda pública, como lo réferi en el líneas anteriores, la primera de ellas plantea reformar el último párrafo del articulo segundo de la Ley de Deuda Publica del Estado Michoacán de Ocampo; y, la segunda se refiere a la autorización por parte del Congreso para que el Ejecutivo del Estado este posibilitado para refinanciar la deuda bancaria directa estatal a corto plazo que actualmente tiene contratado.

Con relación a lo anterior, nos permitimos recordar a esta soberanía que este Congreso está facultado para llevar a cabo procedimientos que permitan realizar un control parlamentario, entendiendo por éste, el medio por el cual el Poder Legislativo ejecuta un conjunto de acciones encaminadas a comprobar que las actividades del Poder Ejecutivo se ajusten a lo establecido por la Constitución y la Ley, así como verificar el cumplimiento de los planes y programas que el Gobernador propuso a la ciudadanía que lo llevó a ocupar su cargo durante la campaña electoral.

La Constitución Política de nuestro Estado, contempla en la fracción XII, del artículo 44, como control parlamentario, que el Congreso establezca las bases para que el Ejecutivo contrate deuda pública y afecte como garantía, fuente de pago o de cualquier otra forma los ingresos que le correspondan. Es por ello, que como legisladores debemos valorar de manera cuidadosa todas aquellas acciones del Ejecutivo, tendientes a generar un endeudamiento, o como en este caso, pretender obtener un refinanciamiento de los ya existentes, mediante una reforma legal.

Consideramos que la iniciativa de reforma al último párrafo del artículo segundo de la Ley de Deuda Pública del Estado, no debe aprobarse por las comisiones a la que fue turnada, ni por el pleno de este Congreso, toda vez que sería irresponsable modificar la ley para enmendar una mala planeación de la contratación de deuda directa a corto plazo por parte del gobierno estatal.

Asimismo, la intención del legislador al no contemplar en la Ley, la reestructuración o refinanciamiento de la deuda directa a corto plazo, fue evitar que las administraciones publicas posteriores se vieran afectadas en sus finanzas a consecuencia de empréstitos contraídos antes del inicio de su gestión, pero además es incongruente que las administraciones futuras sean las que respondan a las obligaciones financieras adquiridas 5, 10 o 20 años antes, a consecuencia de una mala proyección financiera hecha por los actuales encargados de manejar las finanzas públicas del Estado de Michoacán. Esto quiere decir, que el Ejecutivo del Estado, pretende indebidamente convertir una deuda directa a corto plazo, en una de largo plazo, para que sea pagada en 25 años, lo cual implica que dicha deuda se finiquite hasta el año 2035, afectando con ello a las próximas cinco administraciones públicas.

Asimismo, el modificar la ley para que se permitan dichas reestructuraciones de la deuda directa a corto plazo, significaría abrir, de manera indebida e irresponsable, la puerta para que el ejecutivo del Estado dolosamente convierta deudas de corto a largo plazo, afectando con ello la aplicación de los ingresos que reciban las subsecuentes administraciones públicas en el Estado.

Si este Congreso llegase a permitir este tipo de reestructuraciones estaría fomentando la cultura del endeudamiento público, usándolo como una válvula de alivio por la deficiente administración de los recursos públicos. Lo anterior, traería como consecuencia, que en lugar de consolidar finanzas públicas sanas se generen finanzas inconsistentes, por el aumento de la deuda pública del Estado a través de la contratación de empréstitos, como ha ocurrido durante los gobiernos llamados de izquierda, que en lugar de disminuir la deuda pública, la han incrementado desmedidamente, causando un daño a los michoacanos que a final de cuentas son quienes solventaran el cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante el pago de impuestos.

La solución a los problemas financieros que enfrenta el Gobierno del Estado, no debe resolverse por medio de una reforma legal, en todo caso, deben buscarse los mecanismos eficaces para recaudar un mayor número de ingresos, así como replantear el actual gasto público. Esto con la intención de que el Estado cada día dependa menos de empréstitos, pero además dicho aumento en la recaudación permitiría pagar en menor tiempo la deuda pública que actualmente existe, aclarando que no nos referimos a un incremento en los impuestos sino a una mejora de los procedimientos de recaudación.

Para lograra lo anterior, debemos iniciar por evitar la contratación de más deuda pública, recordando que al día de hoy suma la cantidad de diez mil 559 millones de pesos, la cual aumentaría considerablemente en poco tiempo, si como Congreso permitimos que ahora las deudas a corto plazo puedan ser reestructuradas. Señalando que la reestructuración implica automáticamente un aumento de la propia deuda, porque al obtener un mayor plazo para saldar dicha obligación, implica el pago de más intereses y por ende, el monto de la deuda se vería incrementado.

Queda claro que la reestructuración de la deuda publica no es el camino correcto para sanear las finanzas estatales, por tal motivo el Gobierno del Estado debe considerar realizar una reestructuración de sus plantillas de personal, que le permitan disminuir el número de jefaturas, direcciones y porque no, hasta secretarías innecesarias del gobierno que han sido utilizadas como pago de cuotas partidistas. De igual manera, el Ejecutivo del Estado estaría obligado a reducir el monto de los sueldos que tienen sus funcionarios de primer nivel, así como limitar los gastos de representación, viáticos, compra de vehículos de lujo, promoción en medios de comunicación, rentas elevadas de inmuebles y otros que son utilizados por funcionarios de manera indiscriminada en beneficio personal.

Por lo anterior, invitamos en primer lugar a los integrantes de las comisiones responsables de dictaminar las iniciativas a que nos hemos referido, para que las declaren improcedentes, por ser contrarias al interés social, toda vez los recurso económicos para pagar la deuda pública se obtiene de la ciudadanía. En segundo lugar, invitamos a los integrantes de este Pleno para que avalemos el desechamiento de tales iniciativas, por el bien del Estado.

Es cuanto Diputado Presidente

Palacio Legislativo, Morelia, Michoacán, 25 de Noviembre de 2010.

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Alfredo Anaya Gudiño

Diputado

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Dr. Ma. Guadalupe

Calderón Medina

Diputada

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C.P. Juan Carlos Campos Ponce

Diputado