ISAURO GUTIÉRREZ/ MORELIA, MICH./ DOM-21-NOV/ No hay una empresa que pudiera soportar que una parte de sus trabajadores cobrara sin trabajar, pero eso sucede rutinariamente en el ámbito educativo de Michoacán, debido a un fenómeno de carácter político-sindical que cada vez crece más y absorbe una cantidad enorme de recursos que debieran estar destinados a la educación.
Para quienes se preguntan sobre las razones por las que Michoacán se ubica en los últimos lugares de rendimiento educativo, basta con analizar la nómina de la Secretaría de Educación en el Estado, a donde se canaliza la mayor parte de su presupuesto que además, representa también la mayor parte del todo el presupuesto del gobierno estatal.
Existen alrededor de dos mil comisionados de las fracciones sindicales no institucionales del magisterio michoacano, mismos que generan un costo aproximado de 160 millones de pesos para la Secretaría de Educación del Estado, además de la creación de 900 plazas innecesarias.
Esta información fue dada a conocer por el líder institucional SARBELIO MOLINA VÉLEZ, dirigente de las Sección 18 del sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien aseveró que el hecho de que la SEE invierta más del 90 por ciento del presupuesto para educación en el pago de nómina, se debe a que las fracciones sindicales derivadas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como lo son la fracción democrática y la Dirección Colectiva Estatal Democrática (DCED), comisionan personal docente para que realice funciones fuera del aula, lo que ha producido la creación anual de 900 plazas para cubrir dichos espacios.
Para darnos una idea clara de las cosas, diremos que esos dos mil “comisionados”, más los que están contemplados en el ala institucional, son profesores que debiendo estar frente a sus alumnos devengando el sueldo que se les paga, se dedican a gestionar apoyos paras sus correligionarios.
Dedican su tiempo a la grilla sindical, a conseguir préstamos y prestaciones para los demás, pero tienen abandonadas las aulas, esto sin contar los periodos de paros y puentes que son el pan nuestro de cada día.
Como muestra de ello, agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), región Morelia, realizaron una toma por 12 horas la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) con la exigencia de que se liberen 400 recursos para el área de asistencia y apoyo a la educación en las escuelas de diferentes niveles.
De acuerdo con el comisionado de la región Morelia, JOSÉ REFUGIO CORTÉS ARREOLA, este tipo de tomas por intervalos de 12 horas, se repetirían los días 8, 12, 19 y 25 de noviembre en protesta a que dichos apoyos no se abrieron a su expresión sindical. Es cuento de nunca acabar.
RENAUT INSERVIBLE
Precedido de una amplia difusión mediática y de medidas que impiden a los usuarios de telefonía celular usar sus equipos sin haberlos incluido en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ahora resulta que no sirvió para nada y en cambio, representó una fuente de información para la delincuencia organizada que ahora puede conocer mayores datos de los destinatarios de sus extorsiones.
Una nota del periódico reforma afirma que a casi 7 meses de haber concluido la primera etapa del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), el programa no ha funcionado, pues no es la herramienta indicada para resolver el problema de la delincuencia y las extorsiones, señalaron operadoras y organizaciones civiles.
LUIS WERTMAN, consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal aseguró que tener un registro nacional de usuarios de telefonía no es el problema, siempre y cuando esté bien estructurado y brinde a los ciudadanos las herramientas para protegerse de las extorsiones.
Para ADRIANA LABARDINI, presidenta de la asociación Al Consumidor, existe un severo problema de falta de garantías por parte de las autoridades para resguardar la información que los usuarios proporcionaron al Renaut, motivo por el que el programa no ha funcionado.
Dicho de otra forma, todo el dinero gastado por el gobierno federal en una herramienta de control, sólo ha servido como un registro digno de los estados absolutistas, pero sin resultados tangibles respecto a la seguridad. Las extorsiones telefónicas siguen al orden del día y no hay autoridad que las frene.
