REYNA TORRES/ MORELIA, MICH./ LUN-08-NOV/  La Comisión Instructora del Congreso del Estado, a partir de este martes, tendrá 60 días naturales para el desahogo del procedimiento de juicio político instaurado en contra del síndico, regidores, ex tesorero y presidente municipal de Tzintzuntzan, así como en contra de la presidenta sustituta de Uruapan, María Doddoli Murguía.

 

Los diputados Roberto Arriaga Colín, Epigmenio Jiménez Rojas, Arturo Guzmán Ábrego y Eligio Cuitláhuac González Farías, fueron notificados a través de la Secretaría de Servicios Parlamentarios sobre los acuerdos 317, 318, 334 y 335, por los que se declara que «ha lugar» las denuncias de juicio político en contra de presidente y Cabildo de los ayuntamientos antes mencionados.

 

En reunión celebrada en el salón de recepciones, los legisladores recibieron los cuatro expedientes que integran cada una de las solicitudes que se interpusieron en contra de los funcionarios municipales y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, cuentan con tres días naturales para notificarles a cada una de las partes y siete días más, para que éstos respondan.

 

El presidente de la Comisión Instructora, Roberto Arriaga Colín, manifestó que con la entrega de los cuatro expedientes se inicia formalmente el proceso y seguirán el procedimiento de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, donde en conjunto con sus compañeros legisladores trabajarán incesantemente.

Agregó que en los próximos tres días harán la notificación tanto a los demandados como a los denunciantes y que al interior de la Comisión Instructora existe el compromiso de hacer prevalecer siempre la institucionalidad de acuerdo a lo que marcan nuestras leyes.

 

De esta manera, y en cumplimiento a lo instruido en las sesiones celebradas el 14 de septiembre y 4 de noviembre de este año, con la entrega los dictámenes elaborados por las comisiones Instructora, de Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Justicia donde se estableció que en las cuatro peticiones de juicio político puede presumirse la posible comisión de faltas administrativas por parte de los servidores públicos, se inicia formalmente el proceso para establecer las sanciones a que pudieran ser acreedores cada uno de los demandados.

 

Durante de la reunión, la comisión instructora acordó habilitar al secretario técnico de la misma, Demóstenes Juan Martínez Ortega, para notificar y recibir los documentos que para el proceso interpongan cada uno de los involucrados, así como para colocar los estrados requeridos en el proceso, los cuales estarán ubicados en la parte posterior de La Casona.

 

De acuerdo a los artículos 13 y 14 de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la comisión instructora practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho material de aquella, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado.

 

Dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, la comisión hará saber por cualquier medio al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá a su elección comparecer o informar por escrito, dentro de los 7 días naturales siguientes a la notificación.

 

Transcurridos los siete días referidos, la comisión instructora abrirá un periodo de prueba de 30 días naturales, dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezcan el denunciante, el servidor público y su defensor.

 

Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible recibir las pruebas ofrecidas oportunamente, o es preciso allegarse otras, la comisión instructora podrá ampliarlo hasta por 15 días más, en la medida que resulte necesario.

 

Cabe recordar que en sesión celebrada el 14 de septiembre del presente año, el Pleno legislativo otorgó el «ha lugar» al juicio interpuesto por José Moreno Salas y ocho regidores.