196 Aniversario de la promulgación del decreto constitucional para la libertad de la América mexicana

 

Que como la buena ley es superior a todo hombre

las que dicte nuestro Congreso deben ser tales,

que obliguen a constancia y patriotismo,

moderen la opulencia y la indigencia,

y de tal suerte se aumente el jornal del pobre,

que mejore sus costumbres,

aleje la ignorancia, rapiña y el hurto.

José Ma. Morelos y Pavón

Sentimientos de la Nación

 

El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocida como Constitución de Apatzingan, promulgada hace exactamente 196 años, un 22 de octubre de 1814.

 

Este documento fundacional, proclamaba la independencia de México, rechazaba la monarquía y definía el establecimiento de una República; sentaba la base para el reconocimiento del principio de soberanía popular; se organizaba al gobierno de esta República con tres poderes; se abrogaba el impuesto a los indios; y proclamaba los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano en igualdad ante la ley.

 

Qué lejos estamos aún de lograr el cumplimiento de esta primera Constitución que perfilaron los diputados con el objetivo de construir una Nación soberana e independiente de todo yugo extranjero; sus principios básicos siguen siendo un sueño a conquistar para nuestro país.

 

Vivimos una época en la que poderes fácticos se han adueñado de nuestra soberanía, se expresa en el poder de control de los medios electrónicos ejercidos por el duopolio televisivo; en el poder corruptor e impune de las bandas delincuenciales de alto impacto protegidas desde los más altos cargos de gobierno de los tres poderes; en el poder que ejerce la iglesia católica que día a día reta al Estado laico, con el silencio cómplice de las autoridades federales encargadas de tutelar la Constitución vigente. 

 

El decreto para la libertad de la América mexicana proclamó que la ley debe ser igual para todos…que todo ciudadano se reputa inocente mientras no se declara culpable…que ninguno debe ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber sido oído legalmente y que sólo las leyes pueden determinar los casos en que debe ser acusado, preso o detenido algún ciudadano, sin embargo, en la América mexicana de hoy, la ley se utiliza por los gobiernos en turno para judicializar la lucha política, se violentan los principios del derecho al debido proceso y de la presunción de inocencia, el derecho a la imagen propia y a la dignidad de las personas, todo con el único propósito desacreditar a los adversarios políticos.

Los constituyentes de Apatzingan definieron en 1814 que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad y que la íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos, no obstante, desde diciembre de 2006 se inició la más profunda crisis de la seguridad del Estado mexicano que no provee al pueblo de felicidad ni de libertad ni de derechos.  Se apostó, en aras de una legitimidad no obtenida en las urnas, por una estrategia de combate a la delincuencia bajo un solo instrumento: la militarización de la seguridad pública. 

El saldo contable a la fecha son aproximadamente 30 mil mexicanos, ya sea delincuentes, agentes de las instancias de la seguridad, civiles y víctimas inocentes, que han perdido la vida en acciones ligadas con la violencia criminal y esto no ha significado ni la disminución del trasiego de drogas o del consumo de las mismas entre los jóvenes ni la destrucción de las bandas delincuenciales ni la desestructuración de la estructura financiera que se alimenta del lavado de dinero, obviamente protegido desde las instituciones bancarias, de valores, financieras y empresariales.  Los especialistas estiman que para fines de 2012, habrá aproximadamente 70 mil mexicanos ejecutados y según sus cálculos, el costo de la violencia en México es actualmente entre el 13 y 15 % del Producto Interno Bruto.

La Constitución proclamada hace 196 años estableció que La casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable, y ya desde entonces, los constituyentes de 1814 se pronunciaron contra la tortura; a casi doscientos años, tampoco se cumple pues se allanan domicilios por parte de las fuerzas del orden federal, se tortura a las y los ciudadanos, sin que sean sancionados los servidores de las instituciones de seguridad y de las fuerzas armadas que cometen estos delitos de lesa humanidad; tienen que ser tribunales internacionales lo que le exijan al Estado mexicano que se respete la vida, la libertad, los derechos a sus ciudadanos, y engañosamente se envía al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma en materia de justicia militar que sigue, en los hechos protegiendo a militares que cometen delitos contra paisanos.

A pesar de que desde el 22 de octubre de 1814, un texto constitucional de avanzada, plasmaba la libertad de hablar, de discurrir, y de manifestar opiniones por medio de la imprenta, 196 años después, ejercer el periodismo es una de las profesiones de mayor riesgo.  50 periodistas han sido asesinados de 2006 a la fecha, y se repite el ciclo de la impunidad pues sus asesinos no han sido sancionados. 

 

En la América mexicana, durante 2010, 11 presidentes municipales han sido asesinados.  Los municipios representan el primer escalón de la estructura política de gobierno, la más cercana a los ciudadanos; es también, en materia de seguridad, el eslabón más débil porque no tienen recursos ni facultades suficientes y en lugar de construir un modelo de fortalecimiento y recuperación municipal, se promueven iniciativas como la del mando único policial para desmantelarlo y concentrar un poder omnímodo, en parte sí en los gobernadores, pero sobre todo, en la visión autoritaria de atraer el mando a la instancia policial federal.  No se enfrenta el poder corruptor de las bandas delincuenciales ni su infiltración en las estructuras municipales, destruyendo la base organizacional de nuestro pacto federal, sino invirtiendo en la gente para construir comunidades seguras con cuerpos policíacos con calidad en la gestión, controles ciudadanos, transparencia y rendición de cuentas.

 

Evidentemente, la Constitución de Apatzingan no previó la especificidad del fenómeno migratorio, sin embargo, sí estableció un conjunto de derechos a proteger.  No se imaginaron nunca los constituyentes independentistas de 1814 que para el año 2007 habría una crisis humanitaria en la frontera sur de la Nación que estaban fundando ni que grupos criminales con la protección y complicidad de elementos del ejército y las policías federal, estatales y municipales, secuestrarían, extorsionarían, abusarían sexualmente y asesinarían a ciudadanos de las naciones hermanas de Centro y Sudamérica ni que las autoridades encargadas de proteger la seguridad iban a ser omisas en cumplirlo.

 

En la visión de Nación que se expresa en el Decreto Constitucional de la América mexicana, se tendría claridad de que la estrategia de militarización de la seguridad pública no sirve para resolver las causas estructurales de la inseguridad; a 196 años en este país se abandonó el gobierno político de la seguridad, creció la corrupción e impunidad, se diversificaron los grupos criminales, también los de cuello blanco y oficinas gubernamentales, que luchan por controlar los mercados ilegales; se construyó una cultura de aceptación social del delito y de no respeto a la ley. 

 

A 196 años de la Constitución de Apatzingan, existe una carencia violenta y criminal de oportunidades de empleo y de acceso a servicios educativos y de salud, se vive un sistema económico depredador impulsado desde el gobierno federal en connivencia con los grupos oligárquicos nacionales e internacionales; se entregan los recursos naturales y la áreas estratégicas de desarrollo a través de licitaciones amañadas como la conocida Licitación 21; se instituyen impuestos para los menos favorecidos mientras se siguen manteniendo regímenes de excepción para los poseedores de las grandes empresas y del dinero. 

 

La Constitución de Apatzingan definió que el gobierno no se instituía para honra o interés particular de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres, sin embargo, millones de mexicanos viven condiciones de exclusión social, marginación y pobreza; sin ninguna esperanza de futuro. Esta violencia estructural de marginación y exclusión es el mejor caldo de cultivo para que crezca la crisis de seguridad, y no se va a contener el enorme poder de los grupos delincuenciales con los más de 45 mil militares que deambulan en amplios territorios de la América mexicana. 

 

La estrategia para recuperar la seguridad ciudadana debe ser integral: prevención social del delito, presupuesto para la prevención de adicciones, inversión en infraestructura, obra pública y servicios educativos y de salud; lucha contra el lavado de dinero; cumplimiento del Estado de derecho y de los principios constitucionales de debido proceso y presunción de inocencia; desmantelamiento, sin lucro electoral, de las estructuras políticas y policiales que protegen a los delincuentes; combate frontal a la corrupción e impunidad. 

 

La democracia y las libertades se encuentran amenazadas, hace casi seis años se lastimó profundamente a las instituciones que durante muchos años se han ido constituyendo para ejercer los derechos civiles y políticos, urge una reforma al sistema político y de gobierno que tenga como eje a los ciudadanos.  Parte de esta reconstrucción se fundamenta en el cambio del modelo económico para fundar nuevas bases de desarrollo económico con visión social.

 

Hace 196 años se proclamó una Constitución de avanzada que defendía la soberanía popular y nacional, que sentaba derechos y libertades fundamentales de las y los mexicanos, que sentó base para la construcción de una nación libre y soberana.  Ésta nunca entró en vigor ni fue aplicada, pues a casi un año de su promulgación, el jefe insurgente inspirador de ella, don José María Morelos, el Siervo de la Nación, fue apresado y asesinado por las tropas del ejército realista.  Sus ideas progresistas y de inspiración liberal se plasmaron posteriormente en los textos constitucionales que han ido expidiéndose a lo largo de los años. 

 

Es momento de que el espíritu constitucionalista surgido de Apatzingan en 1814 y reflejado en el garantismo constitucional que México ha aportado a la vida republicana en nuestra América Latina, se convierta en acción y dirección de quienes tenemos responsabilidades de Estado; y si no asumimos el cumplimiento de los más altos valores democráticos y libertarios, como un legado del Decreto Constitucional para la Libertad de la América mexicana, el pueblo, tiene el derecho a la resistencia y a la rebeldía, expresados en nuestro artículo 39 constitucional vigente:

la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.  Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Y así sea.

 

Muchas gracias.

 

 

Senador Carlos Sotelo García

 

 

22 de octubre, 2010 

A 196 años de la promulgación de la Constitución de Apatzingan