LEGISLACIÓN ELECTORAL

 

ISAURO GUTIÉRREZ/ MORELIA, MICH./ DOM-29-AGO/ Mucho se ha avanzado en el aspecto democrático del país, si nos remitimos a los tiempos del partido único en el poder, aquella dictadura perfecta en la que no existía la mínima posibilidad de que algún opositor pudiera acceder a los gobiernos. Si algo se le tiene qué agradecer al PRD es que haya contribuido con su aparición, romper el caparazón de un sistema anquilosado y autoritario.

 

A lo largo de los años, el beneficiado con esto fue sin duda el Partido Acción Nacional, que no había logrado hacerle mella al PRI durante tantos años de lucha infructuosa. Se abrieron las posibilidades para todos los partidos a partir de que el gobierno dejó de ser el conductor de los procesos electorales y se los entregó a órganos ciudadanizados.

 

Pero la legislación actual todavía tiene fallas estrepitosas que obligan a repensar en una reforma electoral de fondo, en la que se incluyan sanciones políticas tanto a los partidos como a los militantes que violan la ley.

 

Los dirigentes de los partidos ya se han dado cuenta que respetar la ley no es tan importante cuando se busca ganar una elección. Lo importante es obtener el triunfo a costa de lo que sea, porque al fin y al cabo, se tratará de pagar una multa económica y dicen que en política, lo que se resuelve con dinero, es barato.

 

Ejemplos hay a montones, pero abordaremos sólo unos cuantos. El actual gobernador del estado LEONEL GODOY RANGEL ganó la elección, pero no tuvo qué enfrentar sanción alguna por el hecho de haber recibido el apoyo de un desplegado pagado con recursos provenientes del Congreso de la Unión, en un hecho que se antojaba hasta para una denuncia penal por el delito de peculado.

 

El IEM ordenó una multa de 13 mil pesos contra el Partido de la Revolución Democrática, cantidad que no cubría siquiera el costo de la inserción, lo que nos pone a dudar sobre el criterio utilizado por los consejeros para fijarla. A final de cuentas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habría desechado la sanción y la violación a la ley cometida por alguien, no tuvo repercusión alguna.

 

Al presidente municipal de Morelia FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, lo acusaron de haber participado en el mitin de cierre de campaña de los candidatos a diputados federales MARBELLA ROMERO y JOSÉ JUAN MARÍN. La sanción quedó en una amonestación pública. En este caso el presunto infractor ni siquiera logró que sus candidatos ganaran la contienda, por lo que pareció más un afán de estar molestando a los contrarios por parte del Partido Acción Nacional, que una acción que trajera algún cambio de resultados.

 

En pocas palabras, los partidos no le temen a las sanciones de los órganos electorales y eso hará que, poco a poco, los procesos se vayan enrareciendo, porque las violaciones a la ley no tienen una trascendencia política real sobre los partidos y sus militantes.

 

El día que las sanciones signifiquen que un candidato o partido violador de la ley no pueda participar en la siguiente elección, como consecuencia de acciones ilegales, o que se anule una elección por efecto de las violaciones, entonces empezarán a tomarlos en serio.

 

Otra parte que parece una verdadera burla a la inteligencia son los llamados delitos electorales, porque no hay ningún caso registrado, en el que alguien que los haya cometido, hubiese estado privado de su libertad, por la sencilla razón que esos “delitos” tiene penas alternativas.

 

En todos los casos, se estipula que el infractor será sancionado con determinados días de cárcel o una multa por determinada cantidad de dinero, de ahí que los agentes del Ministerio Público se ven atados de manos para consignar a quienes son detenidos en la flagrancia del delito y llevados a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Quitar la o y poner la y, sería suficiente.

 

Se ve a todas luces que tanto los partidos políticos como los militantes, lo único que tienen qué prever cuando se deciden a infringir la ley, es contar con el dinero suficiente para pagar por pecar.

 

Así como están las cosas, mejor sería que desaparecieran los delitos electorales y se establecieran sanciones políticas serias, como el impedimento para participar como candidato a quien resulte responsable de violar la ley.