FERNANDO S. RAZO/ URUAPAN, MICH./ SAB-07-AGO/ Los tiempos que contempla la Ley para el juicio político de Jesús María Doddoli Murguía se han rebasado. . . . ¿Alguien lo puede refutar con la Ley en la Mano?

El 18 de noviembre de 2009 (hace 7 meses), según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, concluyeron lo plazos para que el Congreso del Estado se erigiera como Gran Jurado para dictaminar sobre lo conducente en el Juicio Político de la ex presidenta (ver anexo). ¿Por qué no lo ha hecho?

A todos los ciudadanos, no se diga el SAT, se nos aplican puntualmente los tiempos que contempla la Ley. . . . ¿Y quién se lo exige o penaliza a los Legisladores?

Los “argumentos” han sido falta de tiempo y la posibilidad de un arreglo político. El resto de los ciudadanos no podemos argumentar falta de tiempo mucho menos un arreglo político, a menos que seamos un persoanje que pueda hacer ruido si se le pretende aplicar la contundencia de la Ley.

Aunque la Comisión Instructora hizo sus pausas privilegiando la opción del famoso arreglo político, finalmente trabajaron y emitieron su dictamen. Pero las Comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y la de Justicia, manifestaron la dificultad para empalmar su agenda para analizar el caso.

Finalmente lo pactaron para el día de hoy miércoles 23 de Junio de 2010. Y se reunieron, pero ahora resulta que, especialmente el Diputado Enrique Bautista, tiene aun dudas sobre “ciertas lagunas legales que persisten en torno a la procedencia o no, de las denuncias de juicios políticos que se interpusieron en contra de la panista”.

¿Con que fundamentos se argumentan esas dudas? Nunca lo han explicado a diferencia de que respecto al arreglo político han hecho bastantes declaraciones. La verdad es que el sistema tiene temor de sentar el precedente de castigar la arbitrariedad, porque de eso tenemos al por mayor en cada instancia de gobierno.

Todo indica que en Michoacán el Estado de Derecho sigue siendo un concepto para el discurso político, que en esta entidad se sigue apostando al incumplimiento de la autoridad en sus deberes para con la legalidad.

Es preocupante que el arreglo político pueda ser la salida fácil en estos temas que deberían ser penalizados de forma ejemplar en relación con los actos ilegales de quienes, como Doña Mary, juraron solemnemente respetar y hacer respetar el Estado de Derecho que, en los hechos, ellos mismos han transgredido.

Es lamentable que el Congreso del Estado siga en su plan moratorio o de plano ajeno a lo que corresponde jurídicamente. Eludir el tema marca una pauta de desinterés o de interés tendencioso para condenar al olvido (e impunidad) hechos graves que deben ser juzgados.

El Estado de Derecho debe ser proclamado y ejercido en congruencia. El Congreso ya tiene suficientes argumentos para instituirse en Gran Jurado y dictaminar sobre las penalizaciones a que se hizo acreedora la ex alcaldesa de Uruapan.

Y qué ridículo, la doña sí hace seguimiento puntual a la demanda de amparo que por ser destituida le hizo al mismo Congreso Local.

Señores, no se debe seguir apostando por fortalecer la impunidad y por ende a la ilegalidad y a la corrupción.

Ing. Fernando S. Razo