El esfuerzo histórico que ha vivido México para tener su actual marco jurídico, no puede ser echado por la borda en aras de una mal entendida competencia política, por lo que se debe exigir a los gobernantes, respeto irrestricto de la Constitución Política, manifestó la diputada federal, Jeny de los Reyes.
Ante militantes, presidentes municipales, diputados locales y federales priístas, así como la dirigencia estatal del tricolor, informó que presentó propuestas de reformas para que se estipule que los programas sociales se ejecuten por conducto de los ayuntamientos y promover la elaboración de planes de manejo de las áreas naturales protegidas para la adecuada conservación de los ecosistemas mexicanos.
Puntualizó que la presencia del fenómeno meteorológico acaecido en los primeros días del mes de febrero cuando numerosos municipios de la zona se vieron afectados por lluvias atípicas; se produjeron consecuencias desastrosas, como fue el desbordamiento de los Ríos Tuxpan y Angangueo, además de las Presas Tuxpan y El Bosque, que pertenecen a este sistema, causaron las principales afectaciones, por lo que –dijo- se exigió primero a la Secretaría de Gobernación que atendiera la emergencia de manera inmediata con recursos suficientes del Fondo de Desastres Naturales, y a la Sagarpa que apoyara a los productores de la zona para reactivar las zonas de cultivo afectadas.
Por otra parte, exhortó a las instancias federales competentes para que otorguen disculpas públicas a los funcionarios del Estado de Michoacán detenidos y que posteriormente fueron liberados, a fin de restablecer su imagen pública.
“No se debe gobernar a capricho, ni a contentillo de tendencias políticas, ni intereses electorales. No es ético utilizar jueces de consigna para perseguir a los enemigos políticos haciendo uso de recursos públicos que debieran estar destinados a obras y acciones de beneficio social”, declaró.
En el marco de su primer informe de labores como integrante de la LXI legislatura federal, la representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso que durante la última década, los titulares del poder ejecutivo en el estado y en el país han prometido mejorar las condiciones de desarrollo económico y crear empleos, no obstante, han demostrado que la simple alternancia en el poder y los buenos deseos no son suficientes.
“Si bien es importante promover la inversión a gran escala, considero que la forma de hacer que el desarrollo pueda permear hacia la base de la sociedad es promoviendo la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo los esquemas de financiamiento de la banca de desarrollo”, dijo.
La legisladora michoacana destacó la importancia de modificar el sistema centralista que afecta seriamente el funcionamiento de los estados y municipios toda vez que el aglutinamiento de los recursos federales, manejados por burócratas que poco conocen de la problemática que afecta a cada comunidad.
“La Ley General de Desarrollo Social contempla que los municipios serán los principales ejecutores de los programas sociales, esta es letra muerta, ya que únicamente se solicita su colaboración para cuestiones de logística; y la toma de decisiones, principalmente la designación de beneficiarios, queda en manos de las autoridades federales y estatales”, señaló.
Destacó que el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional está promoviendo una mayor transparencia en la aplicación de los recursos públicos, con el objetivo de eliminar opacidades y el manejo discrecional de los mismos, al tiempo de realizar vigilancia permanente del funcionamiento de las dependencias del poder ejecutivo en la operación cotidiana y la fiscalización de la cuenta pública.
“Los legisladores del PRI nos opusimos en todo momento a gravar alimentos y medicinas, por lo que rechazamos de manera categórica la propuesta del ejecutivo del Impuesto para el combate a la pobreza que hubiera afectado de manera importante la economía familiar al gravar estos bienes con una tasa del 2 por ciento”, añadió.
También, prosiguió, los legisladores priístas rechazaron una serie de medidas que proponía el Ejecutivo federal para facultar a las autoridades fiscales a realizar acciones de claro terrorismo fiscal, toda vez que le hubiera permitido hacer visitas de inspección y realizar embargos precautorios sin garantizar una adecuada defensa al contribuyente.
