BOLETIN 024/ MORELIA, MICH./ JUE-15-JUL/  “La desviación de recursos públicos para favorecer a familiares que estén en campaña política, es un delito venga de quien venga”, señaló el diputado José Trinidad Martínez Pasalagua al referirse al señalamiento del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre los cheques de gobierno que recibió Julio Cesar Godoy Toscano ex´candidato a diputado federal y hermano del mandatario michoacano Leonel Godoy Rangel.

 

El legislador del tricolor, se pronunció por un cambio de políticas públicas y mencionó que el IFE, demostró que la Secretaria de Finanzas y Administración del gobierno del estado, transfirió a la cuenta de Godoy Toscano aproximadamente 3.5 millones de pesos, en tanto que el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, le envió una remesa más, por 12 mil 500 pesos.

 

Abundó al respecto que luego de que el IFE  diera a conocer lo anterior, el mandatario michoacano, envió de inmediato una aclaración lo que lleva a considerar que, “explicación no pedida culpabilidad manifiesta” dijo el  diputado al reiterar que existe un delito por el que deben responder.

 

El también Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, lamentó que los reiterados discursos gubernamentales en el estado, sean de papel y de los hechos hablan otras instancias como el IFE en tanto, la población misma da cuenta de que los programas sociales que ejerce el gobierno del estado, los convirtió en botín político y van dirigidos únicamente a los militantes de su partido el PRD.

 

Godoy Rangel abandonó la esencia de desarrollo social y los ha orientado vía Secretaria de Política Social a través de los CODECOS a favorecer, sostener y aperturar padrones afines al partido en el poder con el apoyo de ex candidatos que no fueron beneficiados en procesos electorales pasados y ex presidentes municipales.

 

Por lo anterior consideró el diputado tricolor, “ni las campañas publicitarias ni la defensa desde su administración y la dirigencia de su partido, pueden cubrir la incongruencia de los discursos gubernamentales ante la sociedad que exige transparencia en la forma de gobernar”.

Entonces subrayó, “esta conducta parcial no puede cubrirse con campañas publicitarias como tampoco la exigencia a los trabajadores de gobierno para el pago de cuotas que se van al PRD y que en 2009 al parecer se elevaron a 15 millones de pesos considerados por ese partido como “financiamiento privado” y que han llevado a la posibilidad de que en el próximo proceso electoral, el partido en el poder se quede sin financiamiento público.

 

Finalmente Martínez Pasalagua comentó que las cifras de los desvíos son altas y baja la atención a los ciudadanos que menos tiene, que no coinciden ideológicamente con el PRD y por ende, vistos como “enemigos”, por lo que reiteró la urgencia de un cambio de políticas públicas.