ISAURO GUTIÉRREZ/ MORELIA, MICH./ DOM-30-MAY/ El presidente municipal de Morelia Fausto Vallejo Figueroa decidió mantener pendiente la implementación del bando municipal que establece la prohibición de estacionamiento en las calles del primer cuadro de la ciudad, ante la andanada de críticas que se prevén por parte de la ciudadanía.
En este tema hay dos aspectos que hay qué resolver antes de tomar una decisión de esa naturaleza.
Primero, el Ayuntamiento moreliano no tiene autorización expresa del Congreso del Estado para operar estacionamientos públicos, por lo que los que ahora tiene están al margen de la ley, ya que no hay una disposición explícita que le dé formalidad a los ingresos que obtiene en el caso del que se encuentra sobre la calle Vicente Santa María, cerca del mercado Independencia, donde prohibieron estacionarse en un tramo de esa calle sólo con la finalidad de “estimular” a los automovilistas a usarlo.
En segundo lugar, el en caso del estacionamiento ubicado en lo que fuera la antigua central camionera, la empresa concesionaria debe agotar las estrategias mercadológicas a fin de obtener los ingresos de 13 millones de pesos anuales que requiere y el asunto se resuelve de manera muy simple.
Su ubicación, aunada al costo por hora, lo hace poco atractivo para los automovilistas, por lo que una disminución en la tarifa atraería un buen número de usuarios, que para ahorrarse tres o cuatro pesos por hora, estarían dispuestos a caminar unas cuadras más.
Ahora bien, si quieren mantener esa tarifa, podrían implementar el uso de transportes eléctricos gratuitos al centro de la ciudad, como ya lo viene haciendo otro estacionamiento privado.
Todo se puede resolver, sólo es cosa de pensarle tantito., pero para el concesionario lo más fácil es estirar la mano y exigirle al ayuntamiento que le dé el dinero prometido y para el ayuntamiento resulta también más fácil obligar autoritariamente a los automovilistas a estacionarse en un lugar determinado. Parece que el tema tiene mar de fondo.
Oídos sordos.- Ya hace un año del macro operativo en el que fueron capturados 27 funcionarios estatales y municipales y el gobierno de la República sigue poniendo oídos sordos a los reclamos en su contra por violaciones a la Constitución y por haber actuado sin contar con suficientes elementos de prueba. Raúl Carrancá y Rivas, reconocido como uno de los penalistas más destacados del país asegura que el gobierno federal si debiera ofrecer una disculpa pública a los que ya fueron liberados, sin embargo, el gobierno federal se sigue refugiando en tecnicismos jurídicos
Puras promesas.- Hace casi cuatro meses que los habitantes de ocho municipios del oriente michoacano, especialmente Tuxpan y Angangueo sufrieron la devastación provocada por las lluvias y apenas Eloy Vargas Arreola, el encargado de la reconstrucción, está anunciando que “ya comenzaron a bajar los recursos” y que en las próximas semanas, el gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel, estará colocando la primera piedra de los que serán las viviendas para los damnificados en el barrio sustentable, reconoció que todavía no tienen el terreno, pero que ya están muy avanzadas las pláticas con las autoridades ejidales, con los jefes de manzana y los encargados del orden para que los posesionarios del predio de la Mesa, puedan hacer la donación de las 25 hectáreas. En otras palabras, todavía no hay nada concreto… Puras ilusiones.
Desaparecido.- Antonio Sánchez Hernández síndico de Panindícuaro continúa desaparecido y en su caso no ha ocurrido la gran movilización policiaca y mediática que ocurrió con Diego Fernández de Cevallos. Entra tanto, la presidenta municipal Rosa María León Maciel sigue a sus anchas sin que el Congreso del Estado pueda hacerle nada, pues los regidores ya tienen tanto miedo que nadie se atreve a presentar una denuncia por juicio político en contra de la edil de extracción perredista quien, además, cuenta con el apoyo de su dirigente estatal Fabiola Alanís.
Estado Laico.- La conferencia impartida por el doctor en Derecho Diego Valadés Ríos trajo nuevamente a colación el asunto del estado laico en un momento en el que se daba la polémica por la declaración de la Arquidiócesis de México en el sentido de que boicotearían el desarrollo del Censo de Población de este año. Después, el Consejo del Episcopado Mexicano que agrupa a todas las diócesis del país habría de enmendarle la plana al cardenal Norberto Rivera Carrera, porque se dieron cuenta que esto significaría una confrontación con el gobierno federal que, entre otras cosas, es su aliado.
Diego Valadés no dijo mucho que no se haya dicho ya respecto a este tema, quizá valga la pena destaca r que en el ámbito constitucional no se contempla para nada a los no creyentes en religión alguna, que a final de cuentas son una minoría, pero existen.