ISAURO GUTIÉRREZ/ MORELIA, MICH./ DOM-16-MAY/ El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se ha empeñado en sostener que no están obligados a disculparse con los funcionarios detenidos hace un año y liberados después, porque “los procesos no han concluido”.
Un gobierno emanado de un partido que presume de principios humanitarios y hasta religiosos, ha dejado de lado las secuelas que su accionar trajo a muchas familias, a muchas personas que, sin tener nada qué ver con el asunto, finalmente han resultado perjudicadas gravemente en sus proyectos de vida.
El 26 de mayo de 2009 fueron detenidos 10 ediles y 27 funcionarios de diferentes niveles. En días posteriores serían puestos bajo prisión el procurador y el subprocurador de Morelia, quienes acudieron como mansos corderos a rendir su declaración de manera voluntaria.
Pero finalmente, los alcaldes que han sido liberados han podido retomar su ritmo de vida bajo el cobijo de un puesto de elección popular, no así otros funcionarios que todavía no saben lo que harán para llevar el sustento a sus familias.
Citlalli Fernández ya pudo reincorporarse al puesto que ocupaba antes de su detención, no así su pareja, el periodista Emanuel Cervantes, quien merced a lo ocurrido, debió retirarse de la actividad que desempeñaba y ahora no se conoce, al menos públicamente, lo que está haciendo para subsistir.
Ejemplos como este se repiten en muchos casos de funcionarios que fueron acusados y después liberados. Las consecuencias de su captura siguen influyendo en su vida actual, sin que exista una compensación por parte de un gobierno federal insensible a las consecuencias de una actuación realizada sobre las rodillas, sostenida con alfileres.
Cada uno de los detenidos representa una historia personal de vida que tomaría muchas entregas analizar y desmenuzar, en cuanto a las consecuencias sufridas por familiares y amigos cercanos a quienes han sido acusados de manera tan irresponsable.
El común denominador de los que han sido liberados, es su actitud de humildad, de no buscar venganza, de quedarse callados ante la injusticia de que fueron víctimas. Parece como si a todos ellos les hubieran aplicado una serie de procedimientos psicológicos conocidos comúnmente como lavados de cerebro, o bien, han recibido amenazas muy serias respecto a que deberán permanecer en esa actitud para proteger su vida y la de los suyos.
Nadie ha protestado al salir de la cárcel por la injusticia de que fueron víctimas, estamos ante algo que pudiera calificarse como estado totalitario, absolutista, que mantiene bajo la fuerza del terror a sus gobernados.
El edil de Apatzingán Genaro Guízar Valencia hasta retomó sus creencias religiosas y fue a pagar su manda con la virgen de Acahuato, a la que le agradeció por haber salido bien librado de ese trance. Dejó de lado los principios liberales de su partido y se fue a postrar a la iglesia en un acto público que nada tiene de criticable, pues lo hizo de manera personal y sin que ostentara todavía el cargo de presidente municipal.
Cada uno de los detenidos representa a una familia que ha sufrido desde hace un año las consecuencias de su caída en la cárcel, pero Fernando Gómez Mont, el secretario de gobernación, ha dicho que siente mucho las molestias, pero que el gobierno no puede emitir una disculpa pública.
Curiosamente, quienes han obtenido su libertado son quienes han contado con los servicios de buenos y costosos abogados, quienes han sabido interponer los recursos legales adecuados, no así la mayoría de funcionarios menores como Alfredo Ramírez García, Gabriela Mata Chávez e Irlanda Sánchez Román, jefes de Grupo de la Policía Ministerial o Antonio Sánchez Gaytán y Baldomero Morales Rivera, policías municipales de Lázaro Cárdenas.
Otros como Victorino Jacobo Pérez, ex director de Seguridad Pública de Arteaga, Roberto Rubio Vázquez, ex director de Seguridad Pública de Tumbiscatío y Dionicio Salvador Valencia Palomares, ex director de Obras Públicas de Arteaga, no son entrevistados por los medios de comunicación, casi nadie los conoce porque no ostentaron puestos importantes como es el caso del ex director de Seguridad Pública estatal y del Instituto Estatal de Policía Mario Bautista Ramírez, a quien le han dedicado una amplia cobertura a su estado de salud.
Ellos también están en la cárcel, pero como si no existieran, aún cuando también tienen familiares que se han visto afectados por su situación. Ni modo, así es la justicia en México. Están en la cárcel los pobres y los tontos; los ricos y los astutos, pueden salir.
