FSRJ/ URUAPAN, MICH./ MIE-12-MAY/ Las declaraciones expresadas hoy por el Diputado Roberto Arriaga Colín, Presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, en referencia a la procedencia del JUICIO POLÍTICO CONTRA JESÚS MARÍA DÓDDOLI MURGUÍA deben ser tomadas como una clara señal de que en Michoacán se sentará el claro precedente que sirva de advertencia contra las arbitrariedades de funcionarios de la administración pública.
Las arbitrariedades de la Ex presidenta fueron jurídicamente sustentadas y extremadamente graves.
A vistas de todos transgredió probadamente los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, amén de la Ley de Responsabilidades y el Reglamento Orgánico del Congreso del Estado, entre otros.
Aún a nueve meses de los hechos el Congreso del Estado esta por dictaminar lo conducente, mismo que por la severa gravedad puede implicar hasta la inhabilitación por veinte años para ejercer cargos públicos.
La resolución del TEPJF y la forma en que censuró este colegiado las actitudes de la Sra. Dóddoli ha sido definitivamente un factor que debe incidir en las determinaciones de la Comisión Instructora, pero los hechos en que incurrió la exhiben como el ultra exagerado ejemplo a no seguir en el ejercicio del gobierno. La arbitrariedad y la perversidad política deben ser irremediablemente controladas y sancionadas por la Ley.
Este Juicio Político deber ser el “parte aguas” que definirá una nueva línea del Estado de Derecho en Michoacán y en el país. Esa es la importancia del precedente que se ha de sentar en la determinación del Congreso del Estado erigido como Gran Jurado para el caso.
Determinaciones enclenques dejarán burlescos precedentes, determinaciones firmes apegadas a Derecho establecerán ejemplares guías de acción y advertencias para quienes pretendan seguir entendiendo y aplicando las Leyes a su antojo y arbitrio.
La perfectibilidad de las Leyes no debe ser obstáculo para sancionar también a quienes colaboraron en la infracción del Estado de Derecho en Uruapan.
Los ciudadanos de este municipio sabemos que los Regidores Sustitutos que se prestaron a esta ilegalidad tienen nombre y apellido. Esos nombres y apellidos (y otros más) deben afrontar la sanción correspondiente por haber ejercido funciones al amparo de la ilegalidad.
No dejo de señalar el asombro compartido por propios y extraños en el sentido de ver que personajes activos de la política hagan su labor proselitista a la sombra, o en franco codo a codo, con quien se identifica con la ilegalidad. Creo que esos prospectos candidateables no pueden garantizar actitudes diferentes a las que utilizan como cobijo.
Estaremos pendientes del dictamen final del Congreso.
